A poco de cumplirse 41 años del último golpe cívico-militar, el Centro Cultural Pipach de Villa Gesell alojó al nutrido público que asistió a la exposición del informe “Responsabilidad Empresarial en delitos de Lesa Humanidad”. El libro fue publicado en 2015 desde el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación), el Cels y el Área de Economía y Tecnología de Flacso.

La presentación estuvo a cargo del licenciado en Historia, Alejandro Jasinski y el abogado del Cels, Sebastián Blanchard, quienes participaron de la investigación basada en 22 informes sobre 25 de las principales empresas del país y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

Jasinski brindó un pantallazo histórico, incluido en los dos tomos de 1000 páginas producidos por cerca de 20 investigadores durante dos años de trabajo. El historiador definió este trabajo como “un ejercicio de reinterpretar lo que ocurrió no sólo en los años 70 sino en un mucho más largo plazo”.

En cuanto a las consecuencias de la última dictadura, Jasinski sostuvo que “el Estado terrorista va a producir transformaciones económicas y en las relaciones laborales”. “Se fragmenta la clase obrera, empiezan a aparecer situaciones de informalidad y de diferenciaciones salariales con ruptura del orden legal”, agregó.

Las cifras del informe dan cuenta de la acumulación de capital de algunas empresas a partir del golpe, como el caso Bunge y Born, que pasó de tener 60 empresas en el 73 a tener 92 en el año 90; Pérez Companc, que tenía 10 empresas en 1973 y en 1983 llegó a acumular 54 y el Grupo Macri que de tener 7 empresas en 1973 pasó a tener 47 en el 83.