La eutanasia es ley en España: ¿cuántos países del mundo la aprobaron?
El Congreso de los Diputados de España, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, aprobó la ley de eutansia promovida por el PSOE, que entrará en vigor dentro de tres meses.
Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”.
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— Telégrafo (@telegraficos) March 16, 2021
La norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha -”administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”-, como el suicidio médicamente asistido -”la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”-.
Con la aprobación de la legislación, España se incorpora a un escueto grupo de países en los que la eutanasia está regulada: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá.
En Portugal, la justicia se ha opuesto a la ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida.
A diferencia de las otras leyes europeas, en las que la decisión la toma el médico consultando a otros, la ley española de eutanasia establece una serie de pasos (médico de referencia, otro profesional y un equipo nombrado por una comisión autonómica) que pueden demorar el proceso desde que el enfermo lo solicita más de 40 días.
El trámite empieza con la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. Primero deberá ser informado por su médico de qué alternativas tiene, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de recibir cuidados paliativos o ayudas a la ley de dependencia. En segundo lugar el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición.