A través de su portavoz, Sean Spicer, el presidente de Estados Unidos anunció que ya puso su firma a una nueva normativa que restringe una vez más el acceso al aborto en todo el país norteamericano, con la habilitación para que se retire de la financiación pública la ayuda brindada a la organización Planned Parenthood, una entidad que brinda atención médica a millones de mujeres sin recursos en todo el país, con servicios que incluyen interrupciones de embarazos.

Conocida la noticia, Dawn Laguens, vicepresidenta de la organización, exclamó: “Los ciudadanos están hartos de que los políticos hagan cada vez más difícil la posibilidad de acceder a cuidados médicos y esta ley es el último ejemplo”.

“Demasiadas mujeres todavía sufren obstáculos para ir al médico, especialmente las más jóvenes, afroamericanas, las que viven en zonas rurales y las que carecen de recursos” agregó una de las referentes de la entidad, que recibe 550 millones de dólares anuales del presupuesto federal y otros 60 millones de los estados para cubrir los gastos médicos de mujeres que no pueden costearse la atención privada.

Aunque sus principales actividades están en el ámbito de la planificación familiar, la prevención de enfermedades y la práctica de abortos, que supone apenas el 3% de sus servicios, si cada uno de los estados norteamericanos decide retirar su financiación, podrían forzar el cierre de la mayoría de las clínicas de Planned Parenthood.

La legislación estadounidense prohíbe financiar con dinero público las interrupciones de embarazos —salvo en el caso de violaciones, incesto o si peligra la vida de la madre—, por lo que Planned Parenthood recurre a donaciones privadas para ello.