Amplio repudio a la decisión de la Corte de beneficiar a represores
Desde diferentes ámbitos se rechazó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. Los organismos de Derechos Humanos advirtieron que el dictamen “abre la puerta a la impunidad” de los genocidas.
Claro que también hubo adhesiones, como la del secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, quien se mostró de acuerdo con la resolución por “ajustarse a la ley”, pero la reacción mayoritaria fue de repudio.
En este marco, referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Hijos y la APDH, entre muchos otros organismos, coincidieron en remarcar que la decisión de la Corte posibilita la reducción de penas a condenados por delitos de lesa humanidad.
Asimismo, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires calificaron al fallo de “bochornoso” e instaron a su revisión, mientras solicitaron a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a “la realización de inmediato de juicio político a los firmantes por no tener la estatura moral, ni el respeto por el derecho que ese cargo conlleva”.
Cabe recordar que la Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme.
El dictamen fue por mayoría, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton y la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Vale mencionar que Rosatti y Rosenkrantz fueron nombrados por el presidente Mauricio Macri, mientras que a Highton el Gobierno le ha permitido permanecer en su cargo –al no apelar- a pesar de que cuenta con la edad para jubilarse.