A través del mismo el gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones y la Defensoría del Pueblo consideró que “va contra las garantías y los derechos de las personas de otros países que habitan la Argentina”.

El pedido de nulidad se basa en que “no se respetaron los procedimientos constitucionales”, por lo que desde el organismo que dirige Guido Lorenzino se decidió acompañar el amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) para revertir esta medida.

“El decreto le da la espalda a los avances en materia migratoria que se alcanzaron en el país y resiente una ley votada por las mayorías”, precisó el Defensor del Pueblo, quien además expresó que “nuestra tarea es fortalecer los derechos de todos los que habitan el territorio bonaerense”.

Las voces en contra del DNU se hicieron sentir en numerosos organismos de derechos humanos, preocupados por una medida que posibilita la expulsión de extranjeros y la reducción del tiempo que tienen para defenderse en caso de que se les presente esta situación, un escenario que, coincidieron, “atenta contra las reglas básicas de la igualdad ante la ley”.