El concejal Gregorio Estanga, del bloque del Frente para la Victoria, elevó para análisis del Concejo Deliberante una serie de proyectos de ordenanza por el que se busca declarar la emergencia laboral y tarifaria por el lapso de un año en Pinamar.

La iniciativa vinculada a lo laboral pretende instar al Ejecutivo que conduce Martín Yeza a utilizar “todos los mecanismos legales a su alcance para contribuir a garantizar el acceso al trabajo de todos los habitantes de nuestro municipio”. Además, llama a solicitar al Ejecutivo provincial y nacional que, “con urgencia, detengan los despidos en la administración pública e instrumenten todas las herramientas necesarias para evitar que se pierdan más fuentes de trabajo en el sector privado”.

Respecto del proyecto de ordenanza relacionada con las tarifas, el objetivo es que el Gobierno local asegure el acceso los servicios públicos esenciales a todos los vecinos de Pinamar y exigirle a los estamentos del Estado más elevados que suspendan los aumentos vigentes y se prohíban nuevos incrementos.

Al momento de elaborar las propuestas, que el Cuerpo deberá evaluar en comisión, el FpV de Pinamar enfatizó en “la gravedad de la situación en que se encuentra nuestro país en materia laboral desde la asunción de Mauricio Macri”. Luego de enumerar las cifras de empleo recogidas por organismos oficiales y privados, los ediles recalcaron que desde Cambiemos “niegan totalmente la gravedad del problema”, mientras destacaron que son los estados municipales los que “conviven cotidianamente con los vecinos y es en el marco comunitario y territorial donde los derechos se vuelven palpables”.

Respecto de las tarifas, mencionaron el “exponencial aumento” que sufrieron los servicios públicos esenciales -luz, gas y agua- en 2017, que se suma a los “desmesurados incrementos ya ocurridos durante el año 2016”.

“Los afectados por los aumentos de tarifas de servicios públicos no son sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores como clubes de barrio, centros culturales, teatros, comedores y merenderos, sindicatos y sus centrales, empresas recuperadas, cooperativas y pymes, entre otros”, señalaron. En este sentido, consideraron necesaria una intervención del Estado y los organismos de control en pos de regular las subas.