Jorge Castillo es un hombre poderoso: controla 14 empresas dedicadas a bienes raíces, la cría de ganado y el cultivo de soja. Tiene también una financiera destinada a dar créditos a sus clientes y hasta una radio. Pero su negocio estrella está en el predio semicubierto de 20 hectáreas donde se agolpan 8.000 puestos con permiso municipal y otros 7.000 en la calle, sobre las arterias que desembocan en el Riachuelo: La Salada, el gran mercado negro de Latinoamérica, en el partido de Lomas de Zamora.
La detención de Castillo, junto a otras 20 personas, entre ellos un hermano, sobrinos y hasta una cuñada, supone el fin de una carrera de más de 25 años en el comercio ilegal de todo lo que merezca ser falsificado.
Jorge Castillo
El negocio prosperó tanto que, en 2015, la secretaría de Comercio de Estados Unidos consideró a La Salada “el mercado negro más grande de América latina, donde se comercia abiertamente con productos pirateados o de contrabando”.
Los puestos callejeros ilegales fueron la clave de la caída: Castillo cobraba por ellos un alquiler de hasta 800 pesos por día, pese a que estaban en un lugar de uso público. El canon incluía seguridad, limpieza y derecho al estacionamiento. El negocio era redondo para todos: el Rey de La Salada recaudaba y los vendedores se aseguraban una clientela que llegaba en hasta 1.000 ómnibus por día desde todo el país por los precios bajos.
Castillo está sospechado de liderar tres asociaciones ilícitas destinadas a montar una especie de Estado paralelo en los predios bajo su dominio. Cuando la policía fue a detenerlo, tomó una escopeta y desde uno de los balcones de la lujosa casa que acababa construir en un barrio privado de Luján, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, disparó contra el comando de la policía Bonarense que había ido a capturarlo.
