Policía Federal: el Gobierno amplía atribuciones por decreto y crecen las alarmas

A través de un decreto que se publicó en el Boletín Oficial, se oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) impulsada por el Gobierno nacional. Entre los cambios más relevantes, el nuevo estatuto reorienta la misión principal de la fuerza a la “protección del Estado”, modifica sus atribuciones y habilita acciones de vigilancia en redes sociales sin necesidad de orden judicial.

La presentación de los cambios se realizó este martes en un acto que encabezó el presiente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

 

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Según la normativa, la PFA se transformará en una agencia orientada a investigar delitos complejos y federales, con capacidad de realizar “inteligencia criminal” y “acciones preventivas” en el espacio público digital. 

Esto incluye el patrullaje en redes sociales, sitios web y plataformas abiertas “conforme a los principios rectores dictados por la autoridad competente”, sin requerimiento judicial previo.

Además, la norma introduce la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial en contextos amplios, como operativos de prevención o cuando se presuma la comisión de un delito, siempre que no sea posible esperar una autorización.

 

 

También se contempla la detención por hasta diez horas de personas que no acrediten su identidad, en situaciones consideradas fundadas por el agente interviniente.

El artículo 6 del estatuto establece un conjunto de nuevas facultades para la fuerza, entre ellas la creación de bases de datos propias, el acceso a información de fuentes públicas y privadas, y la articulación con agencias de inteligencia nacionales e internacionales. También se prevé un “programa de modernización” que será financiado con los fondos ahorrados por la reducción del ingreso de nuevos agentes.

Alarma por nuevas atribuciones 

Las modificaciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma amplía las facultades policiales sin control judicial y sin debate legislativo, en un contexto político “de creciente persecución a la protesta y al campo popular”.

“El nuevo decreto incorpora la idea de seguridad del Estado, ausente en la Ley de Seguridad Interior, y habilita tareas de vigilancia secreta en redes sociales y detenciones sin orden judicial”, alertó el organismo. Además, remarcó que el decreto se ampara en la Ley Bases pero “excede largamente las facultades delegadas”, modificando aspectos sustanciales del funcionamiento de las fuerzas de seguridad sin discusión parlamentaria.

En este escenario, el debate sobre el alcance, la legalidad y las garantías democráticas del nuevo estatuto y atribuciones de la Policía Federal promete intensificarse en el Congreso, ante la Comisión Bicameral Permanente que debe revisar el decreto. 

En paralelo, organizaciones civiles y sectores políticos ya anticiparon su rechazo a una reforma que podría implicar un retroceso en términos de derechos y libertades civiles.