Esta semana se abordará la creación de un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública. Será en sesión especial de la cámara alta.

Los principales bloques políticos acordaron darle sanción favorable al proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, pero la iniciativa regresará a la cámara baja ya que se le hicieron cambios al expediente original. Entre esas modificaciones, se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos -quedó fijada en seis años- y se acotaron las multas al daño producido.

La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.