De la ley de 2010 a una reforma 16 años después: ¿qué cambia con los glaciares?
El oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron esta semana, por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, la reforma de la ley de glaciares, sancionada en 2010 con la intención de proteger las reservas hídricas del país.
Mientras los legisladores debatían, afuera las fuerzas de seguridad corrieron a manifestantes que se oponían a la aprobación del proyecto.
¿Qué cambia en la ley de los glaciares con la reforma?
La reforma a la ley de glaciares impulsada por Milei y varios gobernadores introduce cambios de fondo en el alcance de la normativa vigente, al redefinir qué elementos quedan comprendidos bajo su protección. Hasta el momento, la ley contemplaba a la totalidad de los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
A partir de la reforma, la cobertura legal se limitará únicamente a aquellas formaciones que demuestren un aporte hídrico significativo y verificable para las cuencas, criterio que será establecido por cada provincia. En este nuevo esquema, diversas masas de hielo de menor tamaño podrían quedar excluidas, lo que abriría la puerta al desarrollo de iniciativas mineras en esas áreas.
Otro de los puntos centrales del cambio es la transferencia de facultades a las provincias, que pasarán a definir qué se considera glaciar o zona periglacial dentro de sus límites. En ese marco, también podrán requerir al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la eliminación de determinadas formaciones del Inventario Nacional, en caso de que evaluaciones técnicas propias concluyan que no cumplen una función hídrica.
Asimismo, se habilita a las jurisdicciones a determinar, a través de estudios de impacto ambiental, si un emprendimiento minero genera una alteración significativa en el ecosistema.
Desde el gobierno señalaron que, tras 15 años de vigencia de la ley, solo se avanzó en el primer nivel del inventario, y que aún resta precisar el rol hídrico concreto de las geoformas relevadas. En contraposición, sectores de la oposición remarcaron que la normativa fue avalada en su constitucionalidad por la Corte Suprema y sostuvieron que la actividad minera creció bajo el marco actual, lo que —según indicaron— evidencia que no representaba una limitación para el sector.
Glaciares y reservas de agua en crisis: claves de la reforma de ley de Milei
El detalle de los votos de los diputados a favor y en contra
Acompañaron al bloque de La Libertad Avanza el interbloque Fuerza del Cambio, PRO, UCR y aliados, los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan y Tucumán, además de varios integrantes del interbloque Provincias Unidas y dos diputados de Unión por la Patria.
El rechazo provino del grueso de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y Primero San Luis (Jorge «Gato» Fernández).
Las tres abstenciones correspondieron a los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que querían votar positivo en general pero modificar el artículo 3°, y a la neuquina Karina Maureira.
Las voces del debate
En primer lugar el debate en el recinto comenzó con las palabras del presidente de la comisión de recursos naturales, el libertario José Peluc, quien defendió la audiencia pública previa y cuestionó a la oposición: “Tratan de desdibujar el concepto de la ley de glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, afirmó.
Después de eso, Nicolás Mayoraz, titular de la comisión de asuntos constitucionales, sostuvo que el proyecto “no afecta el paradigma de protección de los glaciares” y que la reforma viene a “dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. En ese sentido aseguró que quedaba “desmentido” que la norma afecte el principio de no regresión.
Por su lado la diputada de Unión por la Patria, Adriana Serquis, extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuestionó que el oficialismo “se basa en datos que no son científicos”. En esa línea Serquis aseveró: “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”.
A pesar de los interminables argumentos en contra, de los estudios científicos, de los riesgos anticipados, de la una mayoría ciudadana que quiso hablar en las audiciencias y no los dejaron, de que el 90% que pudo hacerlo y rechazó el proyecto, de las movilizaciones en todo el… pic.twitter.com/z22pNS7dII
— Adriana Cristina Serquis (@aserquis) April 9, 2026
A su lado, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros en curso “ya cuentan con una seguridad jurídica” que la propia ley de glaciares les garantiza, y que el cambio podría ponerla en riesgo.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, se pronunció en contra con una sentencia directa: “Esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la reforma de la ley de bosques. No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio” aseveró el excandidado a vicepresidente.
La nueva Ley de Glaciares es una derrota para el Estado Argentino al ceder a las provincias el control de los presupuestos mínimos ambientales. Voté en contra respetando mi coherencia histórica: esta norma vulnera el artículo 41 de la Constitución y se va a judicializar…
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 10, 2026
La audiencia pública: de 106 mil inscriptos, habló el 2%
De los 106.467 inscriptos, 113 participaron presencialmente, 98 de manera virtual, 90 subieron videos y 2.999 se pronunciaron de forma escrita.
La diputada de UP, Sabrina Selva, denunció }a las empresas mineras y denunció que en las comisiones previas “solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto”.
Posible judicialización
Distintas ONG’s, asociaciones ambientalistas y particulares anticiparon que recurrirán a la justicia para impugnar la reforma. Los argumentos centrales serán dos: la inconstitucionalidad de la norma, por representar una regresión en materia ambiental en violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y las irregularidades del proceso de audiencia pública, que consideran no cumplió con los estándares legales exigidos.
La reforma, que fue redactada en el marco del pacto que firmaron 18 gobernadores con la presidencia de Milei en 2024, impulsada a pedido de los propios mandatarios provinciales de las zonas cordilleranas, ahora queda en poder del Ejecutivo para su promulgación.
Debe estar conectado para enviar un comentario.