Glaciares y reservas de agua en crisis: claves de la reforma de ley de Milei

La posible reforma de la ley 26.639 —conocida como ley de glaciares— que impulsa el gobierno de Javier Milei enciende señales de alarma entre científicos, organizaciones ambientales y sectores sociales que advierten sobre sus consecuencias. En el centro de la discusión aparece un punto crítico: la protección del agua, recurso estratégico y cada vez más escaso.

Sancionada en 2010, la norma define en su artículo 2 a los glaciares como toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, cualquiera sea su forma o dimensión. Además, amplía la protección al ambiente periglacial, tanto en alta como en media y baja montaña, al considerarlo un regulador fundamental del recurso hídrico.

 

 

El debate por la reforma de la ley que pone en jaque a los glaciares

Es precisamente esta zona periglacial la que quedaría expuesta ante la modificación impulsada por el gobierno de Milei. Allí, los suelos congelados o saturados en hielo cumplen una función clave: almacenan y liberan agua de manera gradual, alimentando ríos y cuencas que abastecen a poblaciones, sistemas productivos y ecosistemas enteros. Reducir o redefinir esas áreas implicaría, según advierten especialistas, debilitar el resguardo sobre reservas estratégicas.

Actualmente, el artículo 6 de la ley prohíbe en glaciares y zonas protegidas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, así como el almacenamiento y manejo de sustancias contaminantes. La reforma podría flexibilizar estos límites y habilitar proyectos extractivos en territorios que hoy cuentan con protección legal.

 

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16.968 cuerpos de hielo en Argentina

El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), organismo dependiente del Conicet, identificó 16.968 cuerpos de hielo en el país, con una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. La mayoría se ubica en la Cordillera de los Andes y constituyen las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

En un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares, la preocupación no es menor. Para organizaciones como FARN, la iniciativa no representa una mera actualización técnica, sino que podría configurar “una reforma constitucional de facto”, al debilitar el sistema de presupuestos mínimos ambientales y generar inestabilidad jurídica.

 

 

El debate trasciende lo ambiental: impacta en el modelo de desarrollo y en el acceso al agua como derecho humano. En provincias cordilleranas, donde el deshielo regula el caudal de ríos que abastecen ciudades y zonas agrícolas, cualquier modificación normativa puede tener consecuencias directas en la disponibilidad y calidad del recurso.

Mientras el proyecto de reforma de la ley avanza en la discusión política con el aval del gobierno de Milei, el interrogante central persiste: ¿puede el país permitirse flexibilizar la protección de sus glaciares y reservas de agua en un escenario de creciente estrés hídrico? Para muchos especialistas, la respuesta no admite dudas.




 

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