Las provincias rechazaron la reforma de salud mental que impulsa Nación

Autoridades sanitarias de todo el país advirtieron sobre el aumento de la demanda en salud mental y el desfinanciamiento, al tiempo que rechazaron la reforma en la materia que propone el Gobierno nacional. También hicieron hincapié en el riesgo de retrocesos en derechos.

Esto sucedió en el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes. En este marco, se llevó a cabo el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación del ministro bonaerense Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, junto al Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

 

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El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal.

Así, se precisó que las cifras evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud. Esto además en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional.

Al mismo tiempo, se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención. Se destacó así la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

 

 

La reforma que propone Milei

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

En este sentido, se planteó la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales.

 

 

Acuerdos

Durante el encuentro, las autoridades acordaron:

– Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.

– Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

– Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Salud mental en los municipios bonaerenses

En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios. El objetivo es fortalecer la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.

Las autoridades reafirmaron así el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial. De igual forma, advirtieron que “cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental”.