Récord de ataques a la prensa desde el poder político: Milei, principal autor
El poder político argentino sigue siendo el principal agresor de la prensa según el informe anual del monitoreo de libertad de expresión que realiza el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA): en el año 2025 se registró un récord de 278 casos de ataques contra periodistas -la gran mayoría a cargo del presidente Javier Milei-. El número es el más relevante desde el nacimiento de este estudio en 2008.
Titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, el reporte elaborado en base a los relevamientos de los monitores de todo el país da cuenta de que el aumento en relación al 2024 fue del 55% (179 casos). Al igual que en la oportunidad anterior, el presidente Javier Milei volvió a quedar primero como autor de 119 del total de los ataques a la prensa.
El libro incluye el anexo “El insulto como estrategia”, una investigación liderada por Sandra Crucianelli en la que se analizaron 113.000 mensajes en la red social X del presidente. Se trata del quinto producto visual del programa Data Journalism Visualizations Bootcamp.
El insulto como estrategia: un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei
137,6% más de episodios violentos contra la prensa
El análisis, presentado en el contexto del reciente día mundial de la libertad de prensa conmemorado cada 3 de mayo, advierte sobre el peso de la violencia de origen estatal o paraestatal, incluyendo acciones de funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al gobierno en el ecosistema digital.
Asimismo, se destaca el crecimiento de la violencia en entornos digitales y su impacto amplificador. De hecho, desde el inicio de la gestión de Milei, se produjeron 137,6% más de episodios de ataques contra la prensa.
La visión desde FOPEA
Durante la difusión del informe, realizada en el auditorio de la Universidad de Palermo en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades del foro y miembros del monitoreo señalaron la preocupación por el deterioro del clima para el ejercicio del periodismo y su impacto en la calidad democrática.
El presidente de FOPEA, Fernando Stanich, hizo hincapié en el reciente cierre de la sala de prensa de la casa de gobierno y expresó que el gobierno conculca el derecho de la ciudadanía a informarse y viola principios establecidos en la Constitución. “La presencia del periodismo es insustituible. Hay una trampa en la que pretenden hacernos caer, de instalar el ‘algo habrán hecho’. Si eventualmente hay una presunta mala praxis periodística, podría investigarse. De ninguna manera corresponde una sanción colectiva. El único que tiene la responsabilidad y las herramientas para garantizar la libertad de expresión y que la ciudadanía se informe es el Gobierno. Lo que están consiguiendo es un bloqueo físico y un apagón informativo en la Rosada. Es importante que se tome dimensión, no es un privilegio ni un capricho estar en ese edificio, sino que hace a poder brindar información completa”, advirtió.
Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, reflejó la preocupación e interés de organismos internacionales y embajadas por la situación en el país. “Hicimos una tarea intensa. Presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza una visita al país. En noviembre participamos de una audiencia especial en donde se expusieron los casos”, mencionó.
Al finalizar la presentación, Paula Moreno, secretaria de FOPEA, entrevistó a Mónica Gutiérrez y Ernesto Tenembaum. “Los gobiernos no quieren a la prensa. Es una estrategia de acorralamiento y tiene una escala diferente a la del kirchnerismo”, analizó Gutiérrez. Tenembaum remarcó que las estadísticas son impactantes. “Que haya 20 demandas contra periodistas implica una escalada mayor en relación al kirchnerismo. Los gestos de Milei hoy (al salir del informe de Manuel Adorni), el cerrar la sala de prensa de la Rosada o amenazar a Luciana Geuna con detenerla incrementa la gravedad”, lamentó.

Mónica Gutiérrez y Ernesto Tenembaum, durante la presentación del informe de FOPEA.
Datos clave del monitoreo
Alicia Miller, coordinadora de la comisión de libertad de expresión y editora del libro 2025, explicó que los datos revelan un incremento preocupante de los ataques. El informe completo puede consultarse en este enlace.
Reveló que la Ciudad de Buenos Aires lleva la delantera con 186 situaciones, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 23. Por detrás. se ubicaron Tucumán (8), Córdoba (7), San Luis (6) y San Juan (6). La gran mayoría de las agresiones -139 del total- fueron discursos estigmatizantes. En esta categoría interna se incluye declaraciones agraviantes o intimidantes desde los medios afines, las redes sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de comunicación. Además, hubo 58 ataques a la integridad de los periodistas, nueve de los cuales fueron agresiones físicas.
También quedaron registradas amenazas, agresiones por inseguridad en lugares públicos, persecuciones, espionajes y agresión sexual.

Datos del último monitoreo de libertad de expresión elaborado por FOPEA.
Acciones judiciales y restricciones de acceso a la información
Un apartado tiene que ver con las acciones judiciales. “Durante el 2025 hubo 20 demandas contra periodistas. Una cifra muy superior a lo que se recuerde desde el regreso de la democracia. También se produjeron nueve amenazas de demandas”, expresó Miller, que también es monitora.
Detalló 28 restricciones de acceso a la información, 10 casos de censura, cuatro ataques contra bienes del medio o del periodista y cuatro abusos del poder estatal, como detenciones indebidas o abusos de las fuerzas de seguridad.
“Curiosamente registramos sólo dos casos de abuso o presiones a través de la publicidad oficial. Esto claramente habla de que ese tipo de abusos, que presumimos mucho más frecuente de lo que indican nuestras cifras, es precisamente el que menos se denuncia. Sucede a puertas cerradas, en un despacho, o por teléfono. Y queda ahí, en reserva, en la mayoría de las ocasiones. Algo similar tememos que sucede en cuanto a la censura interna en los medios: registramos sólo dos casos en todo el año”, precisó Miller.
El hecho más grave del período fue el ataque contra la vida del fotoreportero Pablo Grillo, mediante el disparo de una granada de gas lacrimógeno que le dejó secuelas.

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