Pasado más de un mes desde que el represor Miguel Etchecolatz desembarcara en Mar del Plata luego de que la Justicia decidiera concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, el gobierno nacional reaccionó y a través de la secretaría de Derechos Humanos pidió que se evalúe la revocación de la medida.

Además de las multitudinarias marchas y los escraches en el domicilio que ocupa en el Bosque Peralta Ramos, un grupo de vecinos se movilizó hasta La Plata para exigir que se le quite el beneficio al genocida, condenado por delitos de lesa humanidad. Asimismo, lo propio hizo la fiscal Ángeles Rawson, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Este martes, las distintas solicitudes tuvieron su correlato en el seno del Gobierno. La secretaría que conduce Claudio Avruj se hizo eco de un traslado irregular de Etchecolatz para atención médica en la clínica Colón de Mar del Plata y planteó que “por la trascendencia de las circunstancia denunciadas, se ha dejado constancia a través de un escrito enviado al Tribunal Oral Federal de Nº 1 de La Plata, de la necesidad de que aquel análisis se haga de manera urgente”.

Así, desde el organismo nacional se solicitó que se evalúe la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado al represor “en caso de comprobarse que incumplió las normas establecidas para gozar de esa modalidad de detención”.