Transporte: piden intervención del Tribunal de Cuentas por el seguro de caución

Villa Gesell lunes, 7 mayo, 2018

El Concejo Deliberante de Villa Gesell trató este lunes en sesión varios proyectos relacionados con la problemática del transporte público. Entre ellos, fue aprobado por unanimidad un proyecto de Cambiemos para que el Tribunal de Cuentas dictamine sobre el seguro de caución que la municipalidad de Villa Gesell debería haber percibido ante la caducidad del contrato con la empresa El Ultimo Querandí.

También se convalidó un pedido de informe dirigido al Ejecutivo, que conduce el intendente Gustavo Barrera, para que brinde explicaciones sobre los “incumplimientos del contrato de concesión del servicio” de la empresa Nacus. La iniciativa opositora señaló que el servicio de colectivo se presta de manera incompleta, mientras que no han sido contratados la totalidad de los exchoferes ni se ha aplicado el sistema SUBE.

Fotos Ricardo Stinco.

Al respecto, el concejal de Cambiemos Miguel Cisneros –autor del proyecto- sostuvo que “el usuario todavía sigue afectado” por la crisis del transporte en Villa Gesell y recalcó que “se le han dado muchas garantías a una empresa sin pedirle la documentación correspondiente”.

En cuanto a la intervención del Tribunal de Cuentas en el conflicto, la presidente del bloque opositor, Rosa Estanga, explicó que el objetivo es pedirle al jefe comunal que informe si el seguro de caución que debía contratar El Último Querandí para el caso de rescisión del servicio –a cobrar por el municipio- efectivamente fue contratado y si se encuentra actualizado.

Según los cálculos, el seguro ascendería a un monto cercano a los 28 millones de pesos. “Quiero ver la póliza que el intendente tenía que exigir, después con el dinero que haga lo que mejor considere para la ciudad”, señaló la edil durante el debate. Esta información ya fue solicitada ante el Ejecutivo, pero ante la falta de respuesta, ahora se pide que sea el Tribunal de Cuentas el que exija la documentación.

Por parte del oficialismo, que acompañó la propuesta opositora, el concejal Juan Manuel Martínez sostuvo que la ejecución del seguro estaba en manos de la Justicia, ya que se debe determinar “si corresponde el pedido de rescisión contractual o la caducidad”.