La Procuración argentina anunció que los fiscales nacionales podrán desde ahora intercambiar información judicial clave con Brasil, en un primer paso para activar las investigaciones del caso Odebrecht en el país, una red de sobornos que se extendió por toda la región pero que hasta ahora en la Argentina no ha logrado avanzar sobre las conexiones locales.
El pacto, dijo la Procuración en un comunicado, “sirve como una herramienta puesta a su disposición para que los fiscales en sus investigaciones tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con las pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada».
Tiempo atrás, exmiembros de Odebrecht confesaron ante las autoridades de Estados Unidos que habían pagado 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios y empresarios argentinos para acceder a contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Uno de los principales implicados es Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri.
Odebrecht obtuvo seis grandes contratos durante el kirchnerismo. El primero en 2005, cuando ganó la licitación para instalar 455 kilómetros de cañerías en la red troncal de los gasoductos San Martín y Neuba. El trabajo en los gasoductos se amplió en 2007, cuando Odebrecht instaló junto con las argentinas Cammesa S.A. y Grupo Albanesi S.A. unos 2.100 kilómetros de cañerías a lo largo de 15 provincias. Dos años después, la empresa obtuvo, junto con las constructoras locales Roggio, Supercemento y Cartellone un contrato de la estatal AySA para la construcción de una planta potabilizadora de agua. Las obras, destinadas al extrarradio norte de Buenos Aires, demandaron unos 2.850 millones de pesos (750 millones de dólares al cambio de entonces), de los cuales 290 millones fueron financiados por un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico y Social (BNDES) de Brasil, una práctica que se repetiría en otros contratos.
Odebrecht también trabajó para el sector petrolero. En 2009, inició la construcción de una planta de refinado para la estatal YPF, con una inversión de 348 millones de dólares. Un año después, Odebrecht participó en el desarrollo de Potasio Río Colorado, una planta de fertilizantes en la provincia de Mendoza. El gran salto, sin embargo, llegó recién en 2011, cuando Odebrecht y un consorcio de empresas locales, entre las que figuraba Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, obtuvieron el contrato para el soterramiento de 36,5 kilómetros de vías del Ferrocarril Sarmiento que corre de este a oeste en Buenos Aires. La obra, con un costo estimado de 3.000 millones de dólares, se financió en un 50% con un crédito del BNDES. El gobierno de Kirchner pagó 40 millones de dólares por una tuneladora, pero hubo que esperar al gobierno de Macri para ponerla en marcha.
Entre 2005 y 2012, Odebrecht fue la empresa extranjera más beneficiada por el trato preferencial a empresas del Mercosur. En sociedad transitoria con otras compañías, obtuvo contratos del Estado argentino por 10.730 millones de pesos, equivalentes a 2.550 millones de dólares al tipo de cambio de 2011, año de la última licitación obtenida por la empresa.
