La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) -que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo- presentó un informe esta semana en el que detalla el incumplimiento por parte de China de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en un número no menor de proyectos de inversión en América Latina.

“Las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente caracterizado por el irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos”, subrayan los técnicos de la FIDH tras haber recorrido 18 explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas localizadas en cinco países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

El gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos de gran envergadura. Ha creado empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado, en pleno repliegue de los Estados Unidos de Donald Trump.

La federación de ONG denuncia el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorear el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos.

Las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas. Ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”, o en el bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”.

En América Latina, reconoce la FIDH, el interés económico chino levantó grandes expectativas entre la ciudadanía por la posibilidad de que se tratase de una relación en la que ambas partes saliesen beneficiadas. Y aunque en muchos casos el impulso económico que ha supuesto la llegada en tromba de inversores del país asiático es un hecho constatable con datos, el ente con sede en París considera que, tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas por los proyectos no han visto todavía un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas.