La detención de Milagro Sala, un problema de dimensiones internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyó el pedido de libertad para con la dirigente social emitido el pasado 21 de octubre por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.
Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri insiste en que Sala -detenida en enero de este año- debe seguir en prisión, pero enfrenta un rechazo cada vez mayor, no sólo en el ámbito nacional, ahora desde el exterior.
Antes del reciente fallo de la CIDH, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió por la libertad de la líder social y diputada del Parlasur. El gobierno de Cambiemos respondió siempre con la misma fórmula: tomó nota de los reclamos y los envió a la justicia jujeña. Al mismo tiempo, invitó a la CIDH a viajar a Argentina para que tenga “contacto directo con los distintos actores que se encuentran vinculados al caso de la señora Sala”.
La influencia de la dirigente creció gracias al dinero que le enviaba directamente el gobierno de Cristina Fernández. Luego de que la expresidenta perdiera el poder en diciembre de 2015, Jujuy también cambió de color político y el nuevo gobernador, Gerardo Morales, un aliado de Macri, no tardó en reaccionar. Sala se resistió y le montó una acampada frente a la gobernación durante un mes. Él reforzó la apuesta: promovió su detención el 15 de enero por “tumulto”. Después le añadió otras acusaciones: “malversación y blanqueo”.
La Tupac Amaru, la fuerza de Sala que reúne al menos 85 militantes es en realidad, según la visión oficial, una «asociación ilícita» que cobró cientos de miles de pesos del kirchnerismo para construir viviendas populares que nunca se hicieron.
Sala no está procesada en ninguna de las causas y su detención preventiva es la que activó la reacción de la ONU y de la OEA. Los jueces jujeños, quienes rechazan una y otra vez los pedidos de libertad que presentan los abogados de la dirigente, argumentan que es tal el poder que la mujer ejerce sobre sus denunciantes que, si sale de prisión, podría alterar los testimonios de los testigos que la incriminan.
“Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión”, dijo la CIDH.
Sobre la prisión, el organismo opinó que la presunción de inocencia hace que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”. “La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”, señaló la Corte en un comunicado.