Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmara el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que permite a los uniformados de la Policía Federal disparar sin dar la voz de alto ni con una agresión previa, un juez porteño declaró su inconstitucionalidad y prohibió su aplicación en la ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria del gobierno firmó el protocolo el 27 de noviembre y esperó para su difusión pública al lunes que siguió a la celebración de la cumbre del G20 en Buenos Aires. En apenas dos días, la determinación cosechó enormes críticas y este miércoles, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, hizo lugar al pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, quien rechazó la medida del gobierno de Cambiemos.

El nuevo protocolo, llamado Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, se conoció en el clima de éxito que intentó imponer el oficialismo luego de la cumbre de líderes mundiales.

El uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave”, dice el texto. Hasta aquí no difiere demasiado del que estaba vigente. El problema surge cuando se extiende el mismo principio a “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal” o “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Sobre la voz de alto, el texto aclara que no será necesaria “cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.

 

 

La ministra Bullrich dijo que el protocolo sólo pone negro sobre blanco en situaciones donde los policías optan por no actuar por el temor a ir presos. Y puso como ejemplo el caso Chocobar. “La sociedad va a tener claro dónde está el bien y dónde el mal”, dijo Bullrich. “Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada”, agregó.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, negó que el texto suponga una “licencia para matar” otorgada a los policías. “Es aclarar un poco la forma en la que se tienen que manejar las fuerzas de seguridad frente a un riesgo de vida. Es lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, no es algo que hemos inventado nosotros”, argumentó.

De acuerdo a la interpretación del juez Gallardo, la resolución de Bullrich representa una respuesta “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad” que trae como resultado un conjunto de reglas “transcriptas mecánicamente de normas internacionales”. Según el magistrado, esta nueva doctrina de mano dura, lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.