La problemática que ocasionó la aplicación de la ordenanza 5289/18 en la localidad de Cariló tiene en vilo a buena parte de la comunicad del partido de Pinamar, que desde hace meses reclama a las autoridades del Ejecutivo una urgente revisión de la situación.

Esta semana, integrantes del Foro Amigos de Cariló, con el apoyo de diversas instituciones ambientalistas nacionales y de la zona, expuso ante el Concejo Deliberante sus contundentes diferencias sobre la normativa que obliga a los frentistas del distrito a quitar toda especie arborea -cualquiera sea su magnitud- del frente de sus propiedades, entre otros elementos a retirar, como lo son los cestos de basura o los dispositivos de riego.

En diálogo con Telégrafo, el presidente de la entidad, Eduardo Bari, no dudó en asegurar que la posición contra la ordenanza es unánime: “Todos estamos de acuerdo en que lo que están haciendo es una atrocidad”, sentenció al respecto. De inmediato, el dirigente aseguró que la primera medida a tomar por las autoridades debe ser, directamente, su “derogación”.

Al igual que lo expuesto por la Fundación Cariló en mayo pasado, para Bari “existen argumentos legales sobrados para decir que la ordenanza no tiene validez”.

“No sabemos con seguridad en que está motivada ni tampoco logramos interpretar porque la ordenanza indica eso. La gente no puede creerlo cuando contamos lo que sucede”, describió el titular del foro.

Aunque la organización aclaró que el reclamo no reviste ningún asunto de índole político, Bari reparó en que resulta contradictoria la política del gobierno de Yeza en el tema: “Por un lado busca certificar al partido de Pinamar como ecológico y sustentable y por otro lado, no promueve y ofrece oportunidades para que las comunidades sean parte del tema, que es lo que deben hacer los gobiernos. Jamás, ni nosotros ni ninguna de las otras entidades, fuimos consultados sobre esa ordenanza”, expresó.

 

 

Disposiciones sin validez

Bari reparó además en las numerosas leyes que existen para el cuidado del medio ambiente y mencionó, fundamentalmente, la emergencia climática y ecológica sancionada recientemente por el Senado de la Nación.

“La ley 25.675, de noviembre de 2002, ratifica que tiene que haber consulta pública en estos temas y señala que si la opinión fuera contraria a la del gobierno, las razones tienen que ser publicitadas. En su artículo 3, la legislación -con régimen en toda la Nación- indica que debe ser utilizada para toda interpretación en la materia y sostiene que mantendrá su vigencia en cuanto no exista oposición.  Por su lado, la ley 26.371 asegura protección ambiental de los bosques nativos, tanto de origen primario, como de origen secundario formado por la restauración voluntaria. Así que acá queda claro también que están todos los bosques incluidos”, aseveró.

Consultado por los motivos que llevaron a los concejales a darle el visto bueno a la ordenanza, Bari recordó: “Como nunca nadie fue convocado, esto saltó el año pasado con un título que dice que la normativa busca resolver los problemas que genera encausar las aguas generadas por las lluvias, pero en el medio se filtró este artículo que no tiene nada que ver con eso. Y lo de encausar las aguas tampoco es válido, porque la ley provincial 11.723 dice que todo emprendimiento que impliquen obras que sean susceptiles de modificar el medio ambiente, deben contar con estudio de impacto ambiental”, resaltó.

 

 

Tiempo de definiciones

El debate proseguirá el próximo jueves 8 de agosto y en las discusiones también se tratará el tema del ensanche de las calles de Cariló, una iniciativa del gobierno comunal que también choca con los principios de las leyes existentes.

“Nosotros le pedimos que inviten al asesor legal del municipio, porque lo que también mencionan las legislaciones es que, cuando se produce un hecho de esta naturaleza, debe detenerse inmediatamente cualquier obra. Mientras se investiga, no se pude continuar con nada”, destacó Bari.

“Lo que hay que hacer es lo que dice la ordenanza 3361, que es reglamentaria del Paisaje Protegido y que indica que los caminos deben mantenerse con una mezcla de arena y tierra. Hay que incorporar suelo al camino en vez de llevarlo de un lado al otro. Sucede que se quita la capa superior y queda todo arena. Si está muy seca, se quedan los vehículos, si hay mucha agua, también”, detalló el presidente del foro.

En esa línea, Bari agregó: “Ensanchar los caminos por una cuestión de seguridad es una falacia. En la última semana tuvimos tres choques y un perro atropellado, pero es por que la gente anda cada vez más rápido. Eso sin contar que la ley dice que es recomendable disminuir la carga de vehículos, porque el bosque no la soporta. Esto que se quiere hacer va en sentido totalmente contrario”, aseveró.

“No hay ninguna duda que la norma dice que hay que hacer estudios de impacto ambiental, previos a cualquier tratamiento de las aguas -tema para el cual hay mínimo tres proyectos presentados-, remodelaciones viales o apertura de calles. Lo único que cabe acá es derogar la ordenanza”, concluyó.