Envían a la asesoría legal municipal la polémica ordenanza que preocupa en Cariló

Continúa el litigio entre vecinos y residentes de la localidad de Cariló con el gobierno de Martín Yeza en torno a la ordenanza municipal 5289/18, ampliamente cuestionada por diversas organizaciones del partido y otras entidades ambientalistas.

Días atrás, el Concejo Deliberante organizó una reunión extendida para recibir a Eduardo Bari, del Foro Amigos de Cariló, en función de las notas presentadas por esa entidad con diversos reclamos por los daños ambientales que genera la implementación de la citada ordenanza.

Luego del encuentro del que participaron los funcionarios de Planeamiento, el Secretario de Servicios Urbanos y el director de Gestión Ambiental, Bari confirmó en diálogo con Telégrafo que las posiciones entre ambas partes se hallan absolutamente distanciadas.

“Se está queriendo hacer en un lugar que es paisaje protegido lo que se hace en las grandes ciudades”, entendió el referente del foro respecto a uno de los ítems que más preocupa en la localidad, vinculado a la ampliación de los caminos dispuestos para el tránsito vehicular.

 

 

“Cariló es un bosque protegido en el cual se inserta una pequeña población. En el bosque como tal, queda claro que no se puede tocar absolutamente nada. No se pueden ensanchar los caminos para que circulen más vehículos”, explicó Bari.

Desde el Foro de Amigos de Cariló consideran que la ordenanza “es inconstitucional a partir de que viola reglamentaciones de la ONU y la ley de paisaje protegido” y piden por su derogación.

“Existen leyes internacionales, nacionales, provinciales y municipales que determinan la necesidad de un plan y un estudio de impacto ambiental para hacer modificaciones en las calles y en el paisaje protegido de Cariló y eso no se hizo” insistió Bari, quien pidió que la ordenanza fuera enviada al área de la Asesoría Legal de la comuna.

Consultado por la actitud del gobierno de Yeza de no suspender las actividades de aplicación de la ordenanza hasta tanto se estudie el tema, Bari se mostró disgustado pero aclaró: “Lo están tomando como algo político. No terminan de darse cuenta. Por eso nos interesa tener la opinión legal del municipio. Nosotros vamos a ir al fondo de la cuestión”, avisó.

 

Sin participación de la población en el desarrollo de la política ambiental local -otro de los reclamos de Bari-, el municipio se defendió a través de la secretaria de Planeamiento, Mila Gómez Beret, quien justificó que la ordenanza nació como una manera de cuidar el recurso hídrico de la localidad.

“Todos los propietarios deben entender que tendrán drenes en frente de su casa, porque si no se infiltra el agua de lluvia en su terreno, deja que se contamine el recurso y comete falta grave” expresó Gómez Beret en ese sentido.

En relación al ancho de calle, la funcionaria especificó que en todo el partido de Pinamar la medida dispuesta es anterior a la ley de paisaje protegido y al respecto de las veredas aseguró que “son un espacio público por el cual circula el peatón, por lo que no se puedan poner postes ni tachos de basura que interrumpan su paso”.

“Los drenes en Divisadero se hicieron como una manera de paliar la situación existente porque Cariló no tiene espacios públicos ni plazas para poder absorber el agua” agregó la titular de la Secretaría de Planeamiento.

Por último, y a la espera del dictamen de la Asesoría Legal, Bari se refirió a la propuesta de la concejal oficialista Alejandra Apolonio, que le solicitó al Foro de Amigos una propuesta como aporte a la modificación de uno de los artículos de la ordenanza. “Nos pidieron presentar una redacción de como debería quedar un artículo pero esto va más allá de un ítem. Las instancias administrativas parecen estar totalmente agotadas. Estamos en una instancia de consulta con nuestros abogados. Ellos hacen que no entienden algo que es totalmente claro”, concluyó.