Por la inflación y demoras administrativas, Yeza devolvió $885 mil en subsidios
La suma fue enviada desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir de un convenio suscripto con la municipalidad de Pinamar, y estaba destinado a equipamiento para el jardín maternal “Mamá Sirenita”, la Casa del Niño y el hogar para la tercera edad “La Esperanza”. No obstante, el subsidio no llegó a cubrir el total de las adquisiciones y el intendente Martín Yeza tuvo que devolver el dinero.
El trámite llevó casi dos años desde que se pidió el subsidio hasta que Yeza se vio obligado a transferir los fondos a la dependencia nacional, que incluso en junio de este año exigió por carta documento el reintegro del dinero ante la no ejecución de la partida.
Según se desprende de un decreto firmado por el jefe comunal, el subsidio fue solicitado por la Comuna en septiembre de 2017 y dos meses después se rubricó el mencionado acuerdo con la dependencia nacional. En diciembre de ese mismo año, el monto de $885.742 fue percibido por el municipio.
El primer escollo con que se encontró la gestión de Yeza fue que los presupuestos enviados al Ministerio para solicitar el subsidio eran del mes de julio por lo que cuando en febrero pidieron la actualización de los montos, la diferencia de precio producto de la inflación imperante era importante.
La cronología detallada en el decreto señaló que en marzo de 2018 se elevó ante dependencias del ministerio de Desarrollo Social de la Nación un pedido de prórroga por 60 días hábiles para la ejecución del subsidio, a fin de pedir presupuesto a proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para una “mejor cotización”.
No obstante, no se consiguió proveedor alguno que pudiera mantener los precios hasta completar los plazos administrativos que lleva “realizar todas las adecuaciones e imputaciones presupuestarias de cada partida de gasto”.
En este punto, la municipalidad de Pinamar intentó utilizar de manera complementaria fondos municipales para poder cumplir así con el convenio, pero estos pedidos “fueron desafectados al cierre del ejercicio 2018, ya que finalmente no se llevaron a cabo las órdenes de compra (…) por no contar el municipio con todos los montos necesarios y variables, afectados por la inflación que adolece a nivel general la economía de nuestro país”.
En el decreto firmado por Yeza y el secretario de Desarrollo Social, Gonzalo Caffarello, se aclara que los encargados municipales del proyecto “mantenían contante comunicación con los referentes del Ministerio” para lograr hacer uso del subsidio así se tuviera que descartar la compra de ciertos productos.
Sin embargo, en julio de 2018 y por mail, las autoridades nacionales explicaron que el fondo se debía ejecutar “respetando cantidad y calidad de los elementos detallados y aprobados por el convenio” y que cualquier variación de precio debía ser afrontada con fondos municipales, según la cláusula 4º del convenio.
Vencidos todos los plazos del acuerdo, incluida la prórroga, en mayo de 2019 el director de Asistencia Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Bonavía, le exigió a la municipalidad una respuesta por no haber dado cumplimiento al objetivo social previsto y la devolución de los fondos.
Incluso a finales de junio la misma dependencia solicitó la devolución parcial o total del subsidio por carta documento. Finalmente, en agosto de este año desde la contaduría municipal se confeccionó la liquidación para reintegrar el Ministerio la suma de $885.742 por la imposibilidad del erario municipal de complementar los fondos.