La ordenanza que prohibía el uso y venta de pirotecnia en Pinamar fue sancionada a finales de 2017, pero ahora la Justicia de Dolores hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) y ordenó suspender la aplicación de la normativa.
Si bien el uso de este tipo de elementos ya estaba restringido en el casco urbano, la norma aprobada hace dos años directamente prohibió la venta, uso, acopio y fabricación de pirotecnia y cohetería en todo el partido de Pinamar.
Ante esto, la Caefa buscó que se flexibilizara la normativa sin resultados, por lo que interpuso una demanda contra el municipio por entender que se vulnera el derecho al ejercicio del comercio de una actividad lícita, que está regulada por una ley nacional. Lo propio hizo en otras localidades que sancionaron ordenanzas similares.
Según adelantó a Telégrafo Adrián Alveolite, abogado de la mencionada Cámara e impulsor de la demanda, lo se resolvió para La Costa, donde el intendente Juan Pablo de Jesús estableció la prohibición del uso y venta de pirotecnia por decreto.
En diálogo con este medio, Alveolite recalcó que “hasta ahora, lo que se acreditó es la verosimilitud del derecho, es decir, que hay razones suficientes como para acreditar la presunción de una norma que, en principio, podría ser inconstitucional”.
“Para que no se sigan vulnerando los derechos de la parte actora, de los comerciantes y de las cámaras, se restablece el ejercicio del comercio en el marco de esta medida cautelar y se sigue discutiendo en el proceso judicial el fondo de la controversia”, agregó el abogado.
No obstante, el letrado de la Caefa sostuvo que esto también cuenta con un dictamen judicial en favor del sector comercial de la pirotecnia, a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en una sentencia dictada en septiembre del año pasado que, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de una norma análoga sancionada en Miramar.
“Esa misma disposición judicial se está registrando en una cantidad de municipios a lo largo y ancho de la Provincia, y también hay sentencias en otras provincias al respecto”, aclaró Alveolite.
Reacción del municipio
El intendente Martín Yeza se mostró molesto con la decisión de la Justicia y tras cruzar a la firma Cien Fuegos en Twitter, anunció por sus redes sociales que el municipio presentará “todos los argumentos por los que en Pinamar prohibimos la pirotecnia”.
No obstante, para la Caefa la apelación “no tienen chances de prosperar” dado que, según mencionó Alveolite, el precedente de la Suprema Corte “es determinante”.
En este sentido, el abogado remarcó que la respuesta del municipio llegará a la Cámara de Mar del Plata y según entendió es “bastante improbable” que la misma “se aparte del criterio de la Corte”. Aún si esto sucediera, la Caefa apelaría la medida y el asunto volvería entonces a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a Alveolite, “es muy difícil que la Suprema Corte borre con el codo lo que escribió con la mano en una sentencia muy reciente”. Así, para el letrado el derecho es claro en cuanto a lo que pueden hacer los Estados municipales: “Pueden regular pero no prohibir”, sentenció.
Críticas al accionar legislativo y ejecutivo
En declaraciones a Telégrafo, el abogado de la Caefa subrayó que la actividad comercial vinculada a la pirotecnia cuenta con una ley nacional y un decreto reglamentario que no se pueden contrariar con normas locales. “Se trata de una de las industrias más reguladas junto con la industria farmacológica”, acotó.
En esta línea cuestionó el accionar legislativo y ejecutivo en Pinamar y afirmó que los Estados municipales y provinciales “no tienen competencia para legislar prohibiciones en ejercicio de comercio”.
Alveolite señaló que se intentó consensuar una ordenanza que no fuera prohibitiva y aseguró que la ordenanza “no ha mermado el uso de pirotecnia, pero sí la venta”. “Hoy se compra por internet, no hay restricciones en el transporte, ni de almacenamiento”, enfatizó luego.
El abogado volvió a reiterar la intención de la Caefa de “trabajar conjuntamente en un marco regulatorio que deje satisfecha a ambas partes, pero sin vulnerar el derecho a ejercer el comercio de una actividad lícita y regulada a nivel nacional”.
