La ONU pide informes a Macri por posible violación de la independencia judicial
A raíz de una denuncia presentada por la agrupación Abogados por la Justicia Social (Ajus), la Organización de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al Gobierno que encabeza Mauricio Macri para presentar un informe que responda a los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones en el Poder Judicial.
El pedido fue remitido desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la cual está encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y firmado por el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
Según publicó la Revista Noticias, el documento enumera una serie de hechos ocurridos durante la gestión de Macri que ponen en duda la independencia de la Justicia durante el último período de gobierno.
En este marco, se piden explicaciones por la utilización del Consejo de la Magistratura para presionar a los jueces a través de la comisión de disciplina y la designación de dos jueces –Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– en la Corte Suprema por decreto.
Entre los hechos denunciados se incluyen el ataque a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó como también a jueces y abogados del fuero laboral. Se cuestiona además la designación “ilegal” de los jueces Juan Manuel Cullota -en el juzgado electoral de La Plata-; Carlos Mahíques, en la Cámara Federal de Casación Penal y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones.
Asimismo, el Gobierno de Macri deberá responder por la supuesta manipulación de fiscales en la escandalosa causa de Correo Argentino (condonación de una deuda millonaria a la familia del presidente) y el ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red paraestatal de espionaje que involucra a jueces, funcionarios, diputados y periodistas.
De acuerdo a lo señalado por la Revista Noticias, la exigencia es que se conteste punto por punto para hacer las aclaraciones pertinentes, en un plazo máximo de 60 días. Las respuestas estarán incluidas en el informe final que se elevará al Consejo de Derechos Humanos.