Ordenan la intervención “plena” del Correo Argentino

La justicia dictó la intervención plena de la empresa Correo Argentino que administra la familia Macri desde hace más de 25 años.

La resolución fue pedida por el Procurador de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal Gabriela Boquín, que había advertido a principios de febrero pasado por posibles maniobras de vaciamiento en la compañía.

La decisión fue tomada por la jueza en los comercial Marta Cirulli que interviene en el concurso de acreedores de la empresa.

Al tomar esta decisión, la magistrada señaló que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.

Dos causas, ¿mismos responsables?

Existen dos causas en torno al Correo Argentino, una civil y otra penal.

La primera se originó por la deuda que mantenían los Macri por la privatización de la firma, que fue estatizada durante la gestión de Néstor Kirchner.

La causa penal en tanto se inició por una denuncia de Boquín luego de que trascendiera un acuerdo que para la fiscal significaba una quita de 98% sobre la deuda con el estado nacional.

Para el Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo podría haberle costado al Estado más de 70 mil millones de pesos. El convenio había sido refrendado por el ex ministro Oscar Aguad, pero nunca se puso en práctica. Macri anunció que había pedido que la causa pasara a foja cero tras el escándalo.

En esa causa penal federal que se halla a cargo de Ariel Lijo ya fueron indagados el ex ministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Robirosa.

Tras la estatización del correo, la empresa perteneciente a la familia Macri continuó funcionando y a pesar de no llevar a cabo ninguna tarea, pagó cifras millonarias en concepto de honorarios por asesoramiento legal, consultoría y publicidad.

Boquin detectó irregularidades que alcanzan los 35 millones de pesos en pagos, muchos de ellos hacia empresas vinculadas a directores del correo.

Compañías en poder de vínculos cercanos

El estudio Tonelli, a cargo del hermano del diputado PRO Pablo Tonelli, recibió 4,4 millones de pesos por honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007.

El estudio Romero Zapiola & Clusellas, en ese entonces integrado por el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, cobró poco más de 250 mil pesos por contratos entre 2003 y 2007.

Logística de Avanzada SA fue otra de las compañías que cobró de Correo Argentino SA entre noviembre de 2003 y febrero de 2004 más de 4 millones de pesos. Dos miembros de su directorio también fueron parte de Correo Argentino SA.

Además, cuatro empresas vinculadas con la consultora Doris Capurro recibieron 1,2 millones de pesos de la empresa perteneciente al Grupo Macri.

Lo que viene

La empresa presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial.

Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). El grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses.

 

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