Renunciaron quince funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Nación
Conocidas las serias irregularidades en la compra de alimentos de emergencia realizada semanas atrás por autoridades del ministro de Desarrollo Social de la Nación, el titular de la cartera Daniel Arroyo terminó por pedirle la renuncia a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social, identificado como el primer responsable de que el Estado pagara millones de pesos de más por diversos productos comestibles.
La operatoria en la que se adquirieron fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores por encima de los precios testigos fijados por la Sigen, fue finalmente paralizada por el gobierno y tras Calvo se sumaron catorce funcionarios más del citado ministerio que presentaron su renuncia.
Se trata de Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Planificación de Abordaje Integral; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano, Ana Barcheta, directora Nacional de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa; Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica; Agustina Brea, directora de Asistencia Institucional; Gastón Lasalle, directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente; Cristian Escudero, director de Ayudas Urgente, Victor Oviedo, coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales, Ignacio Sabaini, coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes; Gabriel Giurliddo, director de Talleres Familiares y Comunitarios; Federico Ludueña, director Nacional de Articulación Social y Productiva; y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales.
Con la salida de Calvo y de esos funcionarios -a los que según aclaró el Ministerio de Desarrollo Social no se les pidió la renuncia-, se dan las primeras bajas en el gobierno de Alberto Fernández y el inicio de un proceso judicial para investigar el procedimiento seguido por el Estado y los empresarios.
En respuesta a algunas de las críticas por el cobro de precios que superaban los precios testigos, el Grupo L -un conglomerado de empresas que participó de la licitación- emitió un comunicado en el que indicaba que ellos habían sido “invitados” por el Ministerio de Desarrollo Social para participar de la licitación y que el valor cotizado de los productos había sido definido en base a un contexto de escasez y debido al “costo de implementación de una logística de emergencia”.