El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes, sin prisión preventiva, al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri que benefició a empresas vinculadas al expresidente.

Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich, y para el lunes la del exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Según informó la agencia Télam, Canicota Corral resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel luego de que ambos se negaran a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación.

“Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”, sostuvo el juez en la resolución.

Canicoba hizo referencia a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en acceso norte y acceso oeste, los que “resultaron contrarios a las normativas vigentes” en un acto “perjudicial para las arcas del Estado”.

Cabe recordar que en ese entonces, los funcionarios involucrados beneficiaron al extender hasta 2030 –sin licitación pública- las concesiones a empresas vinculadas con el expresidente Macri, que poco antes de asumir en 2015, reclamaron por una deuda de 2001.

La causa

La agencia Télam reseñó que la pesquisa también gira en torno a un “reconocimiento” a las empresas de multimillonarias cifras por inversiones “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.

Canicoba Corral recordó que se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina –que se activó poco antes de que Macri llegara a la presidencia por parte de las empresas- “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.

Pese a todo ello, en junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los acuerdos de renegociación contractual de contratos de concesión del acceso norte y Acceso oeste”, remarcó.

El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.

 

 

El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del acuerdo surgen justificadas”, concluyó el magistrado.

Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos para cada uno de los exfuncionarios procesados. En la causa están imputados, además, los empresarios responsables de ambas empresas, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las demás citaciones.