En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Pinamar sancionó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias bajo nombres de fantasía y/o en representación de franquicias, licencias o marcas.
Tampoco se permitirá su publicidad ni el desarrollo de agentes, co-workings y brokers de este rubro.
Cabe mencionar que en Pinamar funciona desde 2014 una franquicia de Remax, la cual podrá seguir operando hasta que venza su habilitación. En esta instancia, deberá adecuarse al marco legal vigente en materia inmobiliaria, caso contrario no podrá funcionar en el distrito.
La iniciativa, que fue abordada en plenario este viernes, surgió a partir de una presentación de los martilleros y corredores públicos locales, que pidieron al Concejo Deliberante generar una ordenanza tendiente a regular la actividad de las franquicias inmobiliarias.
Martilleros de Pinamar buscan frenar las franquicias inmobiliarias. https://t.co/zGMTnUSPFT pic.twitter.com/NkDcSuspzo
— Telégrafo (@telegraficos) September 12, 2020
En este sentido, los profesionales argumentaron que se veían afectados por la “radicación y acción ilegal de franquicias en la intermediación de bienes inmuebles ofrecidos públicamente para alquiler y venta”, que se asentaban en Pinamar “por el atractivo turístico”.
En el marco de las reuniones de comisión, se recibió además a representantes de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) quienes entendieron que el reclamo de los martilleros “avasallaría garantías y derechos constitucionales”.
No obstante, analizada la normativa vigente en materia inmobiliaria, sumado a una reciente resolución judicial de la Inspección General de Justicia (IGJ) que ordenó la disolución de la firma Remax, los concejales de Pinamar entendieron que la solicitud de los martilleros es fundada.
Según convinieron los ediles, del análisis de las leyes “surge claramente que los únicos sujetos autorizados para el ejercicio legal en la intermediación inmobiliaria son los martilleros y corredores públicos matriculados”.
Mencionaron además las resoluciones judiciales y sentencias de tribunales disciplinarios que “robustecen la posición del Colegio de Martilleros” y la resolución de la IGJ, que “consideró ilícito el modelo de negocios dado que la actividad no puede ser franquiciable”.
Martilleros de Villa Gesell solicitan medidas contra las franquicias inmobiliarias. https://t.co/sstkCEQAoz pic.twitter.com/ny4N6NOIee
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En este sentido, recalcaron que “la ley que regula el desarrollo profesional prohíbe a los martilleros y corredores públicos actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de los colegiados, así como constituir sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional”.
Estos profesionales tampoco pueden facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la profesión.
Por estas razones es que la norma aprobada en Pinamar prohíbe habilitar oficinas inmobiliarias bajo nombres de fantasía, lo que en definitiva terminaría con las franquicias del rubro.
En cuanto a esta figura, la de franquicia, los ediles locales consignaron que la misma “está destinada a emprendimientos industriales y/o comerciales, no así destinada al ejercicio de profesiones liberales, tales como la de martilleros y corredores públicos”.
“En cualquiera de sus expresiones, se estarían creando estructuras que facilitan, promocionan, alientan y promueven el ejercicio ilegal de la profesión de martilleros y corredores públicos”,enfatizaron.
La situación de ‘Remax Bosque’
Por otra parte, el Concejo Deliberante consideró que la franquicia denominada “Remax Bosque” que opera en Pinamar desde 2014, podrá seguir funcionando mientras su habilitación esté vigente.
Sin embargo, el emprendimiento “deberá ajustarse al régimen legal vigente al momento de renovar su habilitación comercial”.
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La ordenanza aprobada incluyó un artículo en el que también prohíbe en Pinamar la publicidad de este tipo de franquicias “en cualquiera de sus órdenes”. El incumplimiento acarreará multas y decomiso de los elementos publicitarios.
