En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de La Costa sancionó una ordenanza que prohíbe la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias que lo soliciten bajo nombre de fantasías y/o en representación de franquicias, licencias o marcas.
El proyecto fue presentado por los concejales Marcelo Pavka y Daniel Rohr, integrantes del bloque oficialista, y avalado por diferentes entidades que nuclean a los martilleros y corredores públicos del distrito.
Además de impedir la habilitación de oficinas correspondientes a franquicias inmobiliarias, la ordenanza sancionada en La Costa prohíbe la publicidad en la vía pública de este tipo de negocios.
Al mismo tiempo, se dispuso “la remoción inmediata” de la publicidad de esta naturaleza que pudiera existir en el radio del distrito.
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— Telégrafo (@telegraficos) November 6, 2020
Ejercicio ilegal
Vale señalar que este tipo de iniciativas son impulsadas por los martilleros y corredores públicos de los diversos departamentos al entender que tanto las franquicias como los llamados “broker” inmobiliarios realizan un “ejercicio ilegal” de la profesión.
La actividad está regulada por la ley nacional 20.266 y la provincial 14.973, las cuales prohíben a los martilleros y corredores públicos actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de los colegiados, así como constituir sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional.
Estos profesionales tampoco pueden facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la profesión. Por eso consideran que las franquicias inmobiliarias constituyen un ejercicio ilegal de la profesión.
Ordenanza vetada en Pinamar
Cabe recordar que a finales de septiembre, el Concejo Deliberante de Pinamar sancionó por consenso y unanimidad de todas las bancadas políticas una ordenanza similar a la aprobada ahora en La Costa.
En el recinto, los concejales oficialistas y opositores hicieron lugar al reclamo de los martilleros pinamarenses y también prohibieron la habilitación municipal de estas franquicias como su publicidad.
No obstante, poco después el intendente Martín Yeza aplicó un veto parcial a la normativa, aunque dejó sin efecto prácticamente la totalidad de la misma ya que de los cuatro artículos que tenía vetó tres y modificó el restante.
El espíritu de la ordenanza quedó así caduco y las franquicias inmobiliarias siguen funcionando en el distrito.
