Mediante dos decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado. Esta necesidad surgió tras los escándalos de Correo Argentino y Avianca en los que se vio involucrado el Presidente.

El Poder Ejecutivo Nacional busca bajar el tono a las polémicas a partir de dos procedimientos. El primero de los decretos dispone que la Procuración del Tesoro de la Nación sea el organismo que patrocine al Estado, para “asegurar los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia”.

En tanto, el segundo Decreto establece que “toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado (…) debe presentar una Declaración Jurada de Intereses”.

En ese documento se deberá aclarar todo tipo de vinculación con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango. En este caso, será la Oficina Anticorrupción (OA), actualmente a cargo de Laura Alonso, la que reciba y examine esos documentos.