Abogados rechazan un pedido para adelantar la feria judicial de invierno
La mesa directiva del Colegio de Abogados del departamento judicial de Mar del Plata que preside Fabián Gerardo Portillo, manifestó su preocupación y rechazo al pedido de ciertas autoridades e instituciones representantes del Poder Judicial Bonaerense, que impulsan ante la Suprema Corte de Justicia adelantar la feria judicial a raíz de la pandemia de la covid-19.
“No obstante comprender la compleja situación epidemiológica y sanitaria por la que atraviesa nuestro país, siendo la justicia un servicio esencial para la permanencia del estado de derecho, instamos al alto tribunal provincial a que garantice la continuidad y funcionamiento del sistema y que, tanto empleados, funcionarios y auxiliares de justicia podamos continuar laborando con el menor riesgo posible”, expresaron desde el colegio.
El año pasado, tras el primer decreto de aislamiento social establecido en el marco del inicio de la pandemia y como ocurrió con otras múltiples actividades, el trabajo en el ámbito del poder judicial quedó absolutamente reducido.
Fueron varias las oportunidades a lo largo del 2020 en las cuales los abogados pidieron poder retornar a su desempeño de forma plena, algo que en muchos casos nunca terminó por ocurrir, incluso cuando se flexibilizaron varias restricciones.
En junio pasado, en la antesala de lo que sería el receso escolar de invierno, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió directamente mediante la acordada 3979/2020 suspender de manera excepcional laferia judicial de invierno que habitualmente se fija cada año para el mes de julio, de manera coincidente con las vacaciones escolares.
En ese entonces, el máximo tribunal bonaerense tuvo en cuenta las circunstancias extraordinarias que transitaba la provincia como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la prohibición de circular, que derivan en la imposibilidad de afluencia regular de personas, así como las restricciones normativas que vedan la actividad presencial en las sedes tribunalicias e incluso han obstado el ejercicio profesional de la abogacía, causando una merma en el quehacer habitual de los órganos jurisdiccionales.
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