El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata se reunió con representantes de las cooperativas eléctricas de la jurisdicción para debatir sobre la situación económico financiera y la política energética en la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en San Bernardo y estuvieron presentes autoridades de las cooperativas de Pinamar, Balcarce, Mar de Ajó, Mar del Plata, Otamendi, Camet, Maipú, Vidal y Mar Chiquita, entre otras.
Desde el gremio plantearon la importancia de pensar posibles soluciones para “salvar a las cooperativas y garantizar el servicio eléctrico en la jurisdicción”, ante la crisis financiera que atraviesan por el aumento de los costos operativos y la necesidad de los trabajadores de negociar sus paritarias salariales.
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— Telégrafo (@telegraficos) June 28, 2021
En este marco, el Sindicato de Luz y Fuerza aseguró que esta problemática “compromete el normal desarrollo de las cooperativas, poniendo en peligro su continuidad y por consiguiente, la fuente de trabajo de nuestros afiliados y afiliadas”.
“No nos podemos hacer los distraídos ante una situación de procesos concursales y cesación de pagos actuales, o a corto plazo”, agregaron y pidieron por la presencia del Estado para que no desaparezca “el movimiento cooperativo en la política energética”.
También señalaron que la acción estatal es imprescindible “para que la distribución no se concentre en los grupos monopólicos, quienes ven esta fragilidad de las cooperativas, para quedarse con todo el negocio energético”.
“Estamos convencidos que el Estado, una vez alertado de la presente solución, va a actuar en políticas de protección y ayuda al sector, brindando herramientas como subsidios directos o indirectos”, enfatizaron.
Cooperativas en riesgo
El secretario general de Luz y Fuerza, Sebastián Farías, brindó tras el encuentro una conferencia de prensa en la sede de la cooperativa CLyFEMA, junto al presidente de la misma, Fernando Leal y el titular de FeTERA, Julio Acosta.
Respecto a la situación de las cooperativas, Farías destacó que, más allá de la crisis general, observan “cada vez más dificultades cuando los números contables de las cooperativas nos imposibilitan tener discusiones paritarias, ingresos de personal o garantizar los costos de los insumos para el mantenimiento del servicio”.
El representante gremial hizo hincapié en la presencia del Estado, ya que “también debería sentarse en la mesa para buscar alternativas que nos posibilitan mantener la continuidad laboral de las y los trabajadores y sostener el sistema cooperativo”.
“Este es el comienzo de una discusión para encontrar de una vez por todas una solución de fondo. Como representantes de las y los trabajadores propondremos alternativas para buscar un punto en común y llevarlas a las autoridades políticas”, recalcó.
Farías agregó que son conscientes de que “no se puede ajustar más los costos de la energía a las familias” y por eso pidió “un trato igualitario con las empresas privatizadas que reciben condonación de deudas, subsidios y obras financiadas por el Estado”.
A su turno, Acosta afirmó que FeTERA comparte la preocupación que tiene el movimiento cooperativo por la situación y entendió que “es indudable que hay una política en marcha que pone en riesgo el financiamiento de las cooperativas”.
En cuanto a las urgencias, detalló que en primer término se encuentra “la recomposición salarial de los trabajadores” y luego “hay que tomar acciones para que las cooperativas puedan cumplir con el mandato de recuperar poder adquisitivo”.
“Las cooperativas están en riesgo. Entendemos que al movimiento cooperativo hay que defenderlo porque son empresas sin fines de lucro, de carácter social y que garantizan, como se ha demostrado históricamente, un servicio eficiente y de calidad a los usuarios”, aseveró Acosta.
Al respecto, instó a “tomar medidas profundas”. “Si se eliminara la descomunal tasa de ganancia que tienen las privatizadas energéticas, la tarifa podría ser más barata. Por eso defendemos el sistema solidario porque también puede tener tarifas más baratas, pero para eso se necesita la intervención del gobierno nacional”, concluyó.
