Los defensores del Pueblo de General Pueyrredón y Tandil le solicitaron al gobernador Axel Kicillof que realice acciones pertinentes “con la mayor celeridad posible” tendientes a adherir el régimen de precios diferenciales del gas de garrafa, cilindro o gas licuado de petróleo a granel incluido en la ley de zona fría.
Más allá de la iniciativa de los representantes de estos distritos, la situación aplica a todos los municipios beneficiados por la nueva normativa que establece descuentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas de los usuarios residenciales.
El pedido al mandatario bonaerense fue elevado por los defensores Daniel Barragán, Fernando Rizzi, Luis Salomón y Paula Lafourcade, con la adhesión de la presidente de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Mar del Plata, Marisa Sánchez.
Zona fría: se reglamentó la ley y el @InfoEnargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios. https://t.co/TFcJaL5aH0 pic.twitter.com/rS4g5lqxTz
— Telégrafo (@telegraficos) August 5, 2021
“Hemos recibido innumerables reclamos por parte de usuarios de garrafas, quienes han observado que aún no se ha aplicado el beneficio del régimen de ‘Zona fría’ recientemente aprobado”, señalaron.
Según precisaron, el artículo 7 de la mencionada normativa contempla el beneficio para la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las zonas incorporadas al régimen de zonas frías.
No obstante, puntualmente para el caso del gas envasado, la provincia de Buenos Aires debe adherir a la ley.
“Es decir, el gas natural por redes recibe sus descuentos del 30% o del 50% desde el 5 de agosto automáticamente. Pero para que los usuarios de gas envasado tengan acceso al beneficio, debe adherir la Provincia”, sostuvieron, según lo comunicó la secretaría de Energía de la Nación.
En este sentido, advirtieron que “quienes no tienen acceso a gas natural por redes y por tanto se abastecen de gas envasado son precisamente los sectores más vulnerables, generalmente ubicados en zonas periféricas”.
Por eso entendieron “imperioso” una mayor celeridad en la aplicación de la norma en cuestión puesto que “son precisamente quienes necesitan de un mayor acompañamiento y protección por parte del Estado para revertir esta inequidad”.
Si bien los defensores del Pueblo remarcaron que existe el ‘Programa Hogar’ -fija precios máximos para la venta de garrafas en todos el país-, acotaron que “en caso de que la Provincia no adhiera a la reglamentación, los usuarios provinciales perderán los beneficios derivados de la ley”.
“Las autoridades provinciales deberán definir la metodología de implementación de los beneficios derivados de esta ley. Las mismas pueden ser a través de cupones, bonos, tarjetas magnéticas y/o con chip o a través de distintos medios tecnológicos”, enfatizaron al finalizar.
