La Comisión Provincial por la Memoria se expresó sobre el crimen del aprehendido en una comisaría de San Clemente del Tuyú, por el que hay nueve policías detenidos, y se presentó como particular damnificado institucional.
Cabe recordar que el hecho trascendió este sábado cuando la autopsia realizada sobre el cuerpo de Alejandro Martínez, de 35 años, reveló que había muerto por asfixia por sofocación y que presentaba diversos golpes.
El hombre había sido aprehendido por disturbios en un hotel y murió en la comisaría, mientras por el hecho detuvieron a un grupo de efectivos sindicados algunos como los autores y el resto como encubridores.
“Igual que sucedió hace unos días con el asesinato de Lucas González, la policía intentó imponer una versión oficial para deslindar su responsabilidad en los hechos y lograr impunidad”, señalaron en principio desde la CPM.
Desde el organismo remarcaron que según lo que se desprende del propio relato policial, “la víctima se encontraba bajo un cuadro de padecimiento mental que debía ser abordado de manera específica con herramientas de contención adecuadas por personal del ministerio de Salud”.
Nueve policías detenidos en San Clemente del Tuyú acusados de matar a un aprehendido. https://t.co/FiONKwdPbH pic.twitter.com/xpyxjTTceM
— Telégrafo (@telegraficos) November 21, 2021
“Una vez más, y como hemos denunciado en tantos otros casos, se muestra la ausencia de protocolos y estrategias de este tipo en los agentes policiales, prevaleciendo siempre la violencia como modo de abordaje de estas situaciones conflictivas”, enfatizaron.
En este sentido, remarcaron que “esa violencia desplegada como única estrategia de intervención termina en la muerte o torturas de personas que padecen una enfermedad y deben ser tratadas como pacientes”.
“La golpiza de Martínez y su asesinato por asfixia da cuenta de la brutalidad policial que de múltiples formas se expresa cotidianamente”, acotaron luego.
Asimismo, recordaron el caso de 2019, en que el titular de la comisaría de San Clemente del Tuyú, Roberto Fernando Romero, fue separado de su cargo tras ser denunciado por torturar en un calabozo a una mujer de 35 años con padecimientos mentales y problemas de adicción.
Por último, hicieron hincapié en que “las graves violaciones de derechos humanos de parte de las policías y fuerzas de seguridad, son deudas de la democracia que deben ser abordadas con políticas públicas tendientes a la prevención, sanción y asistencia a las víctimas”.
