El Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, pidió que se instrumenten medidas para evitar cobros indebidos o descuentos a los beneficiarios del bono. Se trata del beneficio que el Gobierno nacional pagará a jubilados, monotributistas y trabajadores informales.
Martello recordó que en el 2020, durante el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se registraron “numerosos reclamos”. Según señaló, los descuentos en su mayoría eran “consecuencia de préstamos otorgados por financieras y entidades bancarias”.
En aquel entonces, se estableció que los montos del IFE poseían carácter alimentario. Así, no podían ser susceptibles de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.
Además, el Defensor del Pueblo adjunto subrayó que “en caso de haberse efectuados débitos, dichos descuentos debían ser reintegrados inmediatamente a las y los beneficiarios”.
En esta línea, Martello resaltó que “la letra chica de muchos contratos que se firman con las financieras establece que, ante la mínima mora, quedan habilitadas a debitar dinero en cualquier cuenta del sistema bancario que esté a nombre de la persona deudora”.
Bonos de $18.000 y $12.000: los anuncios del gobierno contra la inflación. https://t.co/6sX77mHjBA pic.twitter.com/PycIH0QubK
— Telégrafo (@telegraficos) April 19, 2022
“Estamos hablando de préstamos que tienen intereses y costos financieros exorbitantes: promedian el 250% anual”, explicó.
Otro antecedente de descuentos ilegalmente aplicados que citó el defensor adjunto ocurrió en 2019. Fue cuando se concedió un subsidio extraordinario a jubilados y beneficiarios de AUH.
“Eso motivó que el BCRA dispusiera que no corresponde deducir de esos beneficios ningún tipo de concepto”, acotó el funcionario. Se incluyó en este sentido a las operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros.
Ahora, el Defensor del Pueblo adjunto pidió que lo mismo se establezca para este nuevo bono que pagará el Gobierno nacional, con el objetivo de evitar cobros o descuentos indebidos.
