La fiscal a cargo de la investigación en Suecia, Marianne Ny, decidió cerrar el caso, no por que haya aclarado la inocencia de Assange, sino por las dificultades que el procedimiento conllevó con el acusado refugiado en la embajada de Londres desde hace cinco años.

El fundador de Wikileaks recibe el apoyo del exjuez de la Audiencia Nacional en España, Baltasar Garzón, que encabeza su defensa y ha celebrado la decisión de la fiscalía sueca.

Sin embargo, el temor de que ahora Estados Unidos active una orden de detención contra su cliente se mantiene. Según publica el diario El País, Renata Ávila, miembro del equipo de abogados de Assange, asegura que el archivo de la investigación demuestra que fue un proceso «arbitrario» y acusa a la fiscalía sueca de impedir a su cliente «limpiar su nombre».

«Detenido durante 7 años sin cargos mientras mis hijos crecían y mi nombre era vilipendiado. Ni olvido ni perdono» citó el propio australiano de 45 años desde la capital británica.

La policía londinense avisó rápidamente que detendría a Assange si decidiera salir a la calle, ya que existe una orden judicial de detención vigente por no haberse presentado ante la corte de Westminster cuando fue citado, el 29 de junio de 2012.

Assange se recluyó en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde aún permanece, por temor a que su declaración ante la fiscalía sueca fuera “una trampa” para extraditarle a Estados Unidos, donde cree que existe una “causa secreta” contra él por espionaje, delitos informáticos y sustracción de documentos.

Assange tiene asilo en Ecuador, de modo que podría trasladarse a vivir a ese país si no prospera una orden de detención desde la nación norteamericana. En el último tiempo, sin embargo, hubo algunos cortocircuitos con el entonces gobierno del presidente Rafael Correa desde la organización Wikileaks.