Fondos de coparticipación: el Gobierno recusará a los jueces de la Corte Suprema
El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentar un pedido de revocatoria ‘in extremis’ contra la resolución cautelar dictada en favor de CABA respecto a los fondos de coparticipación.
Cabe recordar que el máximo tribunal dispuso que el Gobierno destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Suspendió así la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
Esto ante la baja que determinó el Estado nacional en 2020, luego de que el expresidente Mauricio Macri incrementará -en 2016- el porcentaje de fondos de un 1,4% a 3,75%.
Además, el Gobierno nacional sostuvo que el fallo de la Corte es de “imposible cumplimiento” dado que el presupuesto 2023 ya fue sancionado.
La decisión de recusar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se anunció luego de un encuentro que mantuvo el Presidente con un grupo de 14 gobernadores.
En este contexto, se anunció que los mandatarios provinciales instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente, acompañando la recusación de los ministros.
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Imposible cumplimiento
El comunicado lleva la firma de Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje de coparticipación al 2,95”, enfatizaron respecto a lo resuelto para beneficiar a CABA.
En concreto, señalaron que se le otorga a la Ciudad de Buenos Aires “más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
“Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas”, recalcaron luego. Al respecto, entendieron que “esto es completamente falso” ya que “esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerle recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, recalcaron.
Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país.
En azul el territorio al que Macri y la Corte le sacaron fondos de la coparticipación. En rojo, el lugar privilegiado que los recibió. https://t.co/DH6v7hbV58
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) December 22, 2022
Origen de la polémica
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al traspaso a CABA de las fuerzas policiales.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020, ya durante el Gobierno actual, se redujo ese porcentaje de coparticipación -que ahora la Corte Suprema reestableció- y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
Así, CABA recibe por ley vigente y aprobada por el Congreso, el equivalente al 1,4% del total de los fondos de coparticipación. Además, recibe el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía.
El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
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