La Suprema Corte ratificó la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de núcleos poblacionales
Una cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos de la ciudad de Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace ya 11 años, recibió el aval de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1.000 metros de los núcleos poblacionales.
Aunque el reclamo lleva ya casi dos décadas de vigencia y en 2008 el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon votó por unanimidad la ordenanza 18.740, que impuso el citado límite de 1.000 metros para la aplicación de herbicidas, la norma nunca se cumplió.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad, similares a los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales que habían invocado los “intereses públicos y privados” que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
La ordenanza, además, dictaminó la necesidad de establecer una barrera vegetal con los centros urbanos o semiurbanos, a fin de crear una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
En 2017 la ONU advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año.
En la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, se instó a los representantes municipales a procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1.000 metros. Los funcionarios de la comuna intentaron sostener la necesidad de eliminar ese límite en base a la evolución de los plaguicidas en uso.
Aunque la resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo, insta a las partes a mantener la negociación en curso.
La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
El letrado de la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la asamblea marplantense, Lucas Landivar, aseguró que luego del fallo de la corte, se está “ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, con un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país”.
“El próximo gobernador de la provincia podrá elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología”, sumó el abogado.