A días de su imputación por la criptoestafa, el presidente Javier Milei anunció la designación “en comisión” de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Se trata del cuestionado juez federal Ariel Lijo y del conservador Manuel José García-Mansilla.
Desde la oposición ya denunciaron la inconstitucionalidad de la medida dado que los nombramientos aún no cuentan con el aval del Senado.
A través de un comunicado, el Gobierno nacional hizo un repaso de lo que aconteció en la materia desde la asunción de Milei. Cabe recordar que la Corte Suprema debe contar con cinco integrantes y actualmente funciona con tres tras la renuncia de Elena Higthon de Nolasco y la jubilación de Juan Carlos Maqueda.
Estafa de la criptomoneda $Libra: investigan la responsabilidad de Milei
En este marco, desde Presidencia señalaron que en marzo de 2024, Milei “comunicó su decisión de nominar a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, y enviar sus pliegos al Senado de la Nación”.
Luego de las formalidades, se sucedieron las audiencias de los candidatos, por lo que quedaron en condiciones legales de obtener dictamen. No obstante, por falta de acuerdo, los pliegos no se trataron durante el período ordinario de 2024.
Por eso, la gestión de Milei decidió incluir los expedientes dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Tampoco en esta ocasión los senadores avanzaron en el trámite legislativo.
En este sentido, el Gobierno nacional reprochó que el Senado “optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.
Milei nombró jueces de la Corte Suprema por decreto.
Designación “en comisión”
Ante este escenario, Milei decidió designar por decreto y “en comisión” a Lijo y García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Justificó esta medida en que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.
En este plazo, la administración “continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, agregaron desde la gestión. Asimismo, concluyeron que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
Macri también lo intentó
Cabe recordar que durante su presidencia, Mauricio Macri también intentó designar jueces de la Corte Suprema por decreto y bajo el mismo argumento que Milei, pero no lo consiguió.
Al igual que ahora, la oposición manifestó un amplio rechazo como también especialistas en la materia. Incluso por aquel entonces, un juez federal dictó una medida cautelar para suspender los efectos del decreto y ordenar a la Corte abstenerse de tomarles juramento.
Finalmente, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti -los postulantes de Macri- asumieron meses después de la publicación del decreto y respetando el proceso institucional correspondiente, es decir, con el aval de los dos tercios del Senado.
Telecom compra el negocio de Telefónica en Argentina por 1.189 millones de euros
¿Quiénes son Lijo y García-Mansilla?
Ariel Lijo es uno de los jueces que más cuestionamientos recibió por propios y extraños para ocupar el cargo de juez de la Corte. Es que es uno de los magistrados más denunciados en el Consejo de la Magistratura. Incluso cuenta con una denuncia penal por por asociación ilícita, lavado de activos y soborno.
Según la ACIJ, de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años. Asimismo, de las 89 causas, elevó a juicio oral solo 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%).
Al respecto, este martes la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó que las designaciones de Milei “desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror”. “En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”, sentenció.
Respecto a García-Masilla, los cuestionamientos provienen por su postura antoabortistas y respecto a los derechos humanos. Paradójicamente, en su tesis de maestría (2001) se explayó sobre el daño de gobernador por DNU. Incluso declaró que si fuera designado por decreto en la Corte, rechazaría el cargo.
