Argentina tiene un juez de la corte nombrado por decreto: juró García-Mansilla

Es algo inédito en la historia judicial argentina desde 1910, pero el presidente Javier Milei lo hizo posible: el país ya cuenta con un juez de la Corte Suprema de Justicia nombrado por decreto. Se trata de Manuel García-Mansilla, a quien se le tomó juramento este mismo jueves.

Ante la falta de acuerdo del Senado -mecanismo institucional para designar jueces de la Corte-, el mandatario avanzó por decreto y rápidamente asumió uno de los designados. El caso de Ariel Lijo es más complicado porque le exigen que renuncie a su actual cargo de juez federal.

De todas formas, esto se resolvería la próxima semana cuando los integrantes de la Corte se reúnan para analizar la situación. Mientras tanto, ya se presentaron acciones judiciales para suspender las designaciones.

 

Milei designa dos jueces de la Corte Suprema “en comisión” por decreto

 

Los especialistas en materia constitucional coinciden: la decisión de Milei de designar jueces supremos por decreto está fuera de toda normativa vigente. El artículo de la Constitución que cita el Gobierno nacional no debería aplicar a este caso, menos cuando faltan escasos días para que el Senado retome las sesiones ordinarias.

De hecho el propio García-Mansilla en la audiencia en la que se analizaba su pliego, declaró que visto lo que sucedió cuando Mauricio Macri intentó designar jueces de la Corte por decreto, no aceptaría una designación en comisión.

Sin embargo, ahora aceptó el cargo sin ninguna objeción. Ni siquiera los restantes miembros de la Corte, incluido su presidente Horacio Rosatti, pusieron reparos y avanzaron en la jura.

 

 

Cargos vitalicios

Cabe recordar que, en Argentina, los jueces de la Corte Suprema tienen cargos vitalicios. Eso significa que pueden permanecer en el puesto hasta los 75 años -con motivo de jubilación- o bien ser removidos por un juicio político.

Los causales para esto último son tres: mal desempeño de las funciones; la consumación de un delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes.

Respecto a los antecedentes de destitución de jueces de la Corte Suprema en el país, son dos. La primera aconteció en 1947 cuando por iniciativa del por entonces presidente Juan Domingo Perón se destituyó a los integrantes del máximo tribunal por su responsabilidad en lo que se denominó “la década infame”.

Se trató de un período caracterizado por el autoritarismo, el fraude electoral, la persecución política, corrupción y negociados de todo tipo, apañados por el poder judicial del momento.  

Luego, y al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, se impulsó el juicio político a 5 de los 9 miembros de la Corte. La misma había sido armada por Carlos Menem y le daba una “mayoría automática” para conceder impunidad.

Tres de los cinco jueces renunciaron antes de que termine el proceso y evitaron la destitución.