El ajuste de Milei en el sistema nuclear argentino agrava la crisis de la CNEA
El sistema público de desarrollo nuclear atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas a partir de un nuevo ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La reducción del financiamiento, la pérdida de personal especializado y la interrupción de proyectos de infraestructura forman parte de un proceso que, según investigadores, sindicatos y referentes científicos, compromete la capacidad tecnológica construida por Argentina durante más de siete décadas.
En el centro de la situación se encuentra la CNEA, organismo creado en 1950 para desarrollar los usos pacíficos de la energía nuclear y cuya actividad abarca desde la generación eléctrica hasta aplicaciones en medicina, combustibles nucleares e investigación científica.
GRAN NOTICIA PARA EL SECTOR NUCLEAR ARGENTINO
Hoy participé de la reunión que encabezó el Ministro de Economía, Luis Caputo, con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy, quien nos presentó la iniciativa privada de la compañía para la construcción del reactor modular de 300 MW en… https://t.co/BtaBwLIxk9
— Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) July 2, 2026
El ajuste sobre la CNEA desde la llegada de Milei
De acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología, durante la gestión del presidente Javier Milei el presupuesto de la CNEA registró una reducción del 45,4% en términos reales. El estudio también señala una caída del 53,4% en la inversión destinada a bienes de capital y una disminución del 42,5% en el gasto salarial.
Al asumir la actual administración, el organismo contaba con una asignación anual de 86.500 millones de pesos. En la actualidad, el presupuesto asciende a 220.000 millones de pesos, aunque el incremento nominal quedó por debajo de una inflación acumulada superior al 300% durante el mismo período.
El impacto de la política de ajuste también alcanzó a los recursos humanos. Sobre una planta cercana a los 4.000 trabajadores que tenía la CNEA a fines de 2023, alrededor de 400 empleados dejaron el organismo. Si se suman las bajas registradas en empresas públicas vinculadas al sector, como Nucleoeléctrica S.A. y Dioxitek, la cantidad de trabajadores que abandonaron el ámbito nuclear supera las 800 personas.
A esa situación se agregaron recientemente 62 ceses de contratos anunciados por el gobierno. Según la explicación oficial, la decisión alcanzó principalmente a personal administrativo y a empleados cuyos superiores solicitaron la no renovación de sus contratos. El Ejecutivo sostuvo además que la medida forma parte de la política de reducción del gasto público impulsada desde el inicio de la gestión.
Rechazo de ATE
La versión oficial fue rechazada por los gremios del sector. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la investigadora y delegada Carolina Komar afirmó que entre los desvinculados por el ajuste de Milei hay profesionales y técnicos altamente especializados, cuya tarea resulta indispensable para el funcionamiento de la CNEA. También aseguró que numerosos responsables de áreas solicitaron la reincorporación de trabajadores afectados por los despidos.
Los sindicatos declararon el estado de alerta y continúan reclamando la restitución del personal cesanteado. Además, cuestionan la presencia de efectivos de Gendarmería en las instalaciones del organismo, una medida que califican como una militarización de la CNEA.
Rodolfo Aguiar encabezó la protesta por despidos en la CNEA y ATE avanza hacia un paro nacional
📢 “En el medio del Mundial, recrudecieron los ataques contra el Estado y sus trabajadores. Vamos a convocar a un plenario para debatir la posibilidad de avanzar en una nueva huelga…
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) July 1, 2026
Participación de empresas
El escenario coincide con la decisión del Gobierno de avanzar en una mayor participación privada dentro del sector nuclear. El año pasado se anunció la intención de incorporar capitales privados en Nucleoeléctrica, empresa responsable de la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
En paralelo, el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto que calificó como la inversión nuclear más importante de las últimas dos décadas. La iniciativa corresponde a Meitner Energy, asociación empresarial encabezada por Ansari Group e integrada también por la empresa argentina Invap, que prevé una inversión de 1.200 millones de dólares para construir un nuevo reactor nuclear en el país bajo un régimen de incentivos fiscales destinado a grandes inversiones.
Transferencia de capacidades al sector privado
La iniciativa despertó críticas desde distintos sectores políticos y científicos. La ex presidenta de la CNEA y diputada Adriana Serquis sostuvo que el proceso implica transferir al ámbito privado capacidades desarrolladas por el Estado argentino y favorecer la migración de profesionales altamente capacitados hacia empresas extranjeras. Legisladores de distintos espacios opositores también expresaron reparos y analizan alternativas para debatir el tema en el Congreso.
Entre las advertencias formuladas por especialistas figura el posible impacto económico de una eventual privatización de las centrales nucleares. El ingeniero Martín Iofrida, especialista en reactores nucleares y secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA, consideró que un cambio en la gestión podría traducirse en incrementos tarifarios y afectar también aplicaciones de la tecnología nuclear utilizadas en diagnósticos y tratamientos médicos, especialmente en oncología.
La preocupación también fue expresada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, que manifestó públicamente su inquietud por la situación del sistema científico nacional y, en particular, por la crisis que atraviesa la CNEA. La institución advirtió que el deterioro presupuestario y los bajos salarios ponen en riesgo a uno de los organismos que permitieron posicionar a Argentina entre el reducido grupo de países con desarrollo propio en tecnología nuclear.


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