En el marco de la denuncia presentada por legisladores opositores por el supuesto desvío de 12 millones de pesos correspondientes a la obra de renovación urbana que se desarrolla sobre la avenida Bunge, la fiscal Paloma Ochoa decidió avanzar con una imputación sobre el intendente de Pinamar Martín Yeza. La investigación ahora queda en manos de la jueza María Servini de Cubría.

De esta manera, la investigación promovida por el diputado Rodolfo Tailhade y el concejal pinamarense Gregorio Estanga dio un paso adelante. En la denuncia, señalaron que se pagó el 75% -unos 25 millones de pesos- de la obra, pero los trabajos no solo no terminaron, sino que solo habrían costado la mitad.

El jefe de Gabinete, Federico Panzieri, y el propio jefe comunal luego desestimaron las acusaciones y aseguraron que se trata de una “falsa denuncia” con timing electoral. No obstante, en el Concejo Deliberante la presentación judicial junto al expediente de la obra en sí se encuentra bajo análisis de los ediles.

Los fondos para llevar adelante las tareas de renovación –por un presupuesto superior a los 33 millones de pesos– se percibieron tras suscribir un convenio con el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior. Los trabajos fueron licitados en agosto y resultó adjudicataria la firma Ashoka.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas a finales de mayo y ahora, la fiscal de la causa decidió la imputación sobre Yeza y, según señalaron medios nacionales, la investigación podría alcanzar también a funcionarios de la cartera que conduce Rogelio Frigerio.