Segundo procesamiento contra CFK desde que dejó el poder
El juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por la presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones, una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo.
La ex mandataria no tardó en responder desde su cuenta en Twitter, con duros ataques al juez.
Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia Macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2016
El fallo incluye también un embargo de 666 millones de dólares contra la exmandataria, una suma enorme que no responde a la dimensión de sus bienes sino a la cantidad de fondos investigados. CFK en 2016 declaró una fortuna personal de 5 millones de dólares.
El procesamiento implica que el juez encontró motivos suficientes para iniciar un juicio contra la exmandataria y le permite impedir su salida del país e incluso dictar prisión preventiva sobre la expresidenta.
El juez Ercolini investiga una presunta cadena de responsabilidades que arranca en la expresidenta y desciende por toda la estructura oficial de la obra pública. Por eso, el procesamiento no se ha limitado a la extitular del Ejecutivo: alcanza también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero; y a José López, exsecretario de Obras Públicas. Este último, está detenido desde el 14 de junio, cuando la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento.
Ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2016
Este es el segundo procesamiento judicial contra CFK desde que dejó el poder, el 10 de diciembre de 2015. Pero es el primero vinculado a corrupción. En la otra causa, la Justicia argentina investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central. En esta, los fiscales denunciaron ante el magistrado que existió un “plan criminal” montado desde la Casa Rosada para favorecer a Austral Construcciones, que durante los años de gestión kirchnerista obtuvo contratos viales por unos 3.300 millones de dólares en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2016