Yeza vetó el régimen de tratamiento de residuos verdes
La ordenanza había sido sancionada por el Concejo Deliberante a finales de noviembre. Además de cuestionar algunos artículos por carecer de “sustento técnico”, el Ejecutivo estableció que aplicar la normativa conllevaría un costo de alrededor de 40 millones de pesos, monto que el municipio de Pinamar no estaría en condiciones de afrontar.
El objetivo de la norma era fijar un régimen integral de residuos verdes que abarcara desde la generación y recolección, hasta la recepción, tratamiento y disposición final de los mismos. El veto dispuesto por el intendente Martín Yeza argumentó que si bien “el fin que la ordenanza persigue es útil y tiende al bien común”, existen omisiones o disposiciones “carentes de sustento técnico”.
Entre las objeciones, se mencionó el carácter amplio que se le da a la definición de residuos verdes, como la inclusión de la poda sin distinguir los distintos tipos. “Esta falta de precisión conlleva para el municipio la total e incondicionada obligación de asumir la recolección y disposición de cualquier tipo de poda, del ancho, longitud y espesor que fuese, resultando inconveniente”, además de constituir “un fomento de la conducta irresponsable de quien poda o hace podar”.
También se cuestionó la frecuencia de recolección estipulada –una vez por semana- por “no encontrarse un sustento material y técnico que fundamente esta disposición”. La ordenanza indicaba además la remediación del predio de Punto Verde actual, algo que la Comuna considera imposible por no contar con otro espacio apto a tales fines.
Por último, el intendente hizo hincapié en la cuestión presupuestaria, ya que según los cálculos de la Secretaría de Planeamiento –a cargo de Mila Gómez Beret– se necesita una inversión de casi 40 millones de pesos, además del empleo de 34 personas con horas extras al 50% y 100%, dado que la norma “no respeta los horarios rutinarios del municipio, generando el desfasaje económico correspondiente”.