Más de 20 organizaciones vinculadas al cannabis pero también a las ciencias sociales, la seguridad, la educación y la salud mental, firmaron un acuerdo de cinco puntos tendiente a diseñar una regulación del cannabis para su uso adulto y recreativo. Será presentado este sábado a las 15 en la Asociación Civil Cogollos del Oeste (Caballito), al cumplirse 30 años de la sanción de la ley de drogas (23.737) en el país.
Según publicó el diario Página 12, el documento fija posición sobre la regulación, el consumo responsable, el mercado existente en torno al uso adulto o “recreativo”, la importancia del autocultivo y de los clubes sociales de cannabis y la no criminalización del uso de sustancias psicoactivas.
El acuerdo lleva la firma del CELS, Intercambios, Asociación Civil Cogollos del Oeste, ARDA, Agrupación Marplatense de Cannabicultores, Reset, CECCa, ILSED, Asociación Pensamiento Penal, APDH, ACVI, Causas Comunes, AUPAC, INECIP, AASM, ANDHES, AREC, Cannabicultores Necochea Quequén, Ciencia Sativa, ACCC y Cannabis Activa Olavarría.
El primer punto hace foco en la regulación del cannabis en Argentina para personas mayores de 18 años, al considerarla “una medida necesaria y urgente” que busca no solo respetar las libertades individuales, sino también “minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo”.
El segundo ítem señala que las políticas públicas en la materia deben tener como objetivo “tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades”. Propone así, “restricciones similares a las vigentes para el tabaco”.
Por otra parte, en el tercer punto se indica que “las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación”.
En cuarto lugar, instan a proteger a través de la regulación “el autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis”, al igual que “la disponibilidad de semillas”. “Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado”, recalcaron.
Por último, el quinto punto acordado indica que la regulación legal del cannabis “presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo”. “Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de los usuarios de estas sustancias”, concluyeron.
