En un fallo firmado por el juez de Casación bonaerense Víctor Violini, se hizo lugar a un habeas corpus colectivo para otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a detenidos mayores de 65 años, quienes padezcan patologías puntuales y mujeres embarazadas y con hijos pequeños. No contempla a quienes hayan cometidos delitos violentos y abarcaría a unas 800 personas privadas de su libertad.
La presentación ante la Cámara de Casación provincial fue realizada por defensores oficiales en base a la posibilidad de contagio de Covid-19 en la población carcelaria. El fallo, en tanto, tuvo en cuenta resoluciones de la ONU, la OMS y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De esta forma, se resolvió aceptar el habeas corpus colectivo al entender que corresponde dada la situación de gravedad a raíz de la pandemia y para evitar que se propague el virus dentro del sistema carcelario, donde hay más 42 mil personas alojadas.
Unos 800 beneficiados
En declaraciones a la agencia Télam, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró que el fallo de Casación que ordena la excarcelación de presos que integran el grupo de riesgo no alcanzará a detenidos por delitos graves como violación o femicidios.
De esta forma, la resolución judicial beneficiaría a alrededor de 800 detenidos en cárceles bonaerenses, lo que según el Procurador, en comparación con la población carcelaria total, es un número “muy reducido”.
Vale recordar que a mediados de marzo se dispuso una evaluación de la población de riesgo dentro de las cárceles por lo que ya hubo casi mil presos que recibieron el beneficio de prisión domiciliaria.
Con el nuevo fallo de Casación, esa cantidad se incrementará en un 50% según calculó Conte Grand, quien además agregó que a los detenidos “se los controlará con tobilleras electrónicas, otros con una consigna policial, a otros se les designará una persona garante o habrá un control del Patronato de Liberados”.
Respecto a quiénes recibirán el beneficio, el funcionario estableció que son los que están imputados por delitos menores, como delitos contra la propiedad en grado de tentativa reiterado, robos, estafas múltiples, defraudaciones y delitos de carácter informático no vinculados a lo sexual.
