En su última sesión, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó una resolución para expresar su acompañamiento a la gestión llevada a cabo por el municipio “para cuidar y evitar que se lleven adelante usurpaciones y tomas ilegales de terrenos pinamarenses”.
La propuesta oficialista fue acompañado por Propin y rechazado por los ediles del Frente de Todos y Carlos Conti, de Unidad Ciudadana, mientras que su compañera de bancada Marcela Uhrig se abstuvo.
Así, desde parte del arco opositor cuestionaron que la iniciativa era meramente “mediática” y que no resolvía la problemática.
En tanto, el texto del proyecto elaborado por el bloque oficialista de Juntos por el Cambio, señaló que “resulta preocupante el creciente número de casos de público conocimiento de usurpaciones y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
Tras precisar los artículos del Código Penal que tipifican este tipo de acciones como delito, los concejales dieron cuenta de la situación en otros municipios como La Plata, Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza, Pilar y Presidente Perón, entre otros.
Intendentes costeros desmintieron que haya usurpaciones de viviendas. https://t.co/GccmVN37dp pic.twitter.com/OLCWZXXzeU
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“Pinamar no escapa a esta situación, prueba de ello fue lo ocurrido en el 2019 con la toma ilegal de las 26 hectáreas, propiedad municipal, donde el desalojo se llevó a cabo con el trabajo conjunto de la municipalidad por orden judicial y la ayuda de las fuerza públicas”, recordaron.
Cabe recordar que recientemente el intendente Martín Yeza denunció al fiscal Eduardo Elizarraga, a cargo de la fiscalía especializada en usurpaciones, y pidió su destitución ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño.
El intendente de Pinamar @martinyeza pidió la destitución del fiscal a cargo de las usurpaciones. https://t.co/D74sWLlWo3 pic.twitter.com/cmUxZBvZVh
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La iniciativa aprobada manifestó el acompañamiento del Concejo a la “gestión llevada a cabo por el municipio de Pinamar en esta materia para cuidar y evitar que se lleven adelante usurpaciones y tomas ilegales de terrenos pinamarenses”.
Así, los concejales entendieron que “el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio” y condenaron rotundamente “la ocupación ilegal de tierras y viviendas”.