El conflicto por la situación que experimenta el predio de residuos situado en el paraje Pavón del distrito de General Lavalle, donde se deposita la basura proveniente también del lindante partido de La Costa, sumó un nuevo episodio en el inicio de este 2021 con la presentación de un oficio cautelar por parte de la empresa Sopay S.A. en contra del gobierno del intendente lavallense José Rodríguez Ponte.
“Hemos iniciado una denuncia penal, entre otras acusaciones, por malversación de caudales, falsedad ideológica y administración infiel de la comuna contra la administración de la municipalidad de Lavalle” precisó en diálogo con Telégrafo el representante de la firma, Fernando Acebal.
Sobre el cierre del 2020, José Rodríguez Ponte realizó declaraciones respecto a los inconvenientes ambientales que existen en su comuna, aseguró que ha tomado el tema como “algo personal” e intentó acercar posiciones al afirmar que con sus decisiones no se busca “afectar al partido de La Costa”.
Desde Sopay cuestionan la “ordenanza expres” que se sancionó en Lavalle en la que se dispuso la toma del presio de residuos. “Se hizo sin darle intervención a la empresa a cargo para dárselo a otra compañía privada, y con una tarifa 20 veces superior a lo que se le cobra el partido La Costa”, detalló al respecto Acebal sobre una de las irregularidades detectadas.
“No se hizo un estudio de costo previo y de acuerdo a la ordenanza ahora se la pagará 220 millones de pesos al año a una empresa que no registra experiencia en el tema, sin licitar servicio, sin tener una segunda oferta y sin consensuar nada con el dueño del terreno”, agregó el abogado de Sopay.
Desde la firma plantearon la necesidad de que la justicia de curso al amparo para que se suspendan los efectos de la ordenanza n°2371 sancionada el pasado 14 de diciembre. “Estamos planteando la nulidad de la inconstitucional en cuatro artículos y solicitamos que el municipio de Lavalle disponga de toda la documentación y todos los antecedentes utilizados para llegar a sancionar esa normativa”.
Acebal especificó que el problema es aún más grave para Lavalle ya que esa comuna utiliza el predio “pero hace años que no paga ni un peso por la disposición de sus residuos”.
“Si bien Sopay no le cobra a La Costa todo lo que necesita para sostener el servicio y eso genera algunos inconvenientes, Rodríguez Ponte demanda un mejor servicio y plantea que la responsable de la situación es la empresa y no paga hace cinco años”, sentenció el letrado.
Mientras que el Juzgado de Paz de La Costa emitió un pedido de no innovar por 60 días, desde Sopay advierten que tanto el intendente lavallense como los concejales que aprobaron la ordenanza “son responsables claramanete de un hecho ilícito”.
Afirman que los efluentes vertidos desde el partido de La Costa afectan a los humedales de Lavalle. https://t.co/wTmoNNc3N4 pic.twitter.com/QbCTu4ZQKx
— Telégrafo (@telegraficos) December 7, 2020
“Hay un negocio monopólico con la elección a dedo de la empresa Viapsa Argentina S.A., que no tiene antecedentes en el rubro y nunca operó con residuos. Darle intervención en esa materia es por lo menos raro”, entendió Acebal.
Por último el representande de la firma resaltó que el fundamento de la ordenanza aprobada en Lavalle por daño ambiental “no tiene ni siquiera un dictamen del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Es una afirmación teórica sin sustento legal”, aclaró.
