El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar impugnó un decreto suscripto por el jefe de Gabinete, Federico Panzieri, que establece algunas limitaciones al momento de planificar y otorgar vacaciones al personal. Entendieron que se incumpla con el convenio colectivo de trabajo y se avasallan los derechos adquiridos.
El decreto en cuestión indica que los funcionarios, en uso de sus atribuciones, deberán planificar el otorgamiento de la licencia anual ordinaria “con antelación suficiente y de la forma más conveniente al servicio”.
Para esto, fija que la “fecha tentativa” de las vacaciones de cada trabajador deberá estar cargada al 15 de junio “como último plazo” mientras que para los años siguientes el tope será el 31 de marzo.
Clases presenciales: el intendente @martinyeza le pidió a @JefaturaPba hacer una revisión de la población que se tiene en cuenta para Pinamar. https://t.co/Ate6O18fGH pic.twitter.com/XTthq5weti
— Telégrafo (@telegraficos) June 14, 2021
El decreto sostiene además que en caso de que el trabajador no proceda a la carga de las vacaciones, el funcionario a cargo lo podrá hacer de manera directa, entre otros puntos.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar analizó la normativa y resolvió impugnarla en principio por entender que incumple con el convenio colectivo de trabajo dado que las vacaciones son un derecho y que, más allá de la organización del servicio, la fecha debe ser conjugada con el tiempo disponible del trabajador en cada caso.
Además, desde el gremio que conduce Sonia Valent agregaron que el decreto firmado por Panzieri “impone una fecha para la carga de la licencia con un tope”, lo que no se encuentra estipulado en el convenio e implica una “decisión unilateral” de la gestión del intendente Martín Yeza.
En esta línea, desde el Sindicato argumentaron que “se pone en manos del funcionario la carga de las vacaciones de manera compulsiva y obligatoria, provocando un avasallamiento sobre el trabajador municipal”.
Por último, los representantes gremiales recalcaron que en el decreto “se habla de la caducidad de las vacaciones, cuestión que no se encuentra plasmada en el convenio colectivo, y mucho menos en ninguna ley que lo apruebe”.
