A menos de una semana de la polémica madrugada en la que el gobierno nacional aprobó la exploración sísmica del Mar Argentino en cercanías de las costas de Mar del Plata bajo el decreto 900/2021, el rechazo de ambientalistas y vecinos se multiplica con el correr de los días a la par de que crecen las protestas en las calles.
Este martes en Villa Gesell un numeroso grupo de personas se concentró en la costanera y marchó por el centro de la ciudad, con cartelería en contra de la industria de los hidrocarburos. Diversos estudios indican que los derrames son “100% posibles” y que la mayoría de las playas de la costa atlántica podrían contaminarse.
Desde Greenpeace afirman que la única salida es “resistir por todas las vías necesarias y exigir que este proyecto realmente se rechace”. “Lo mejor era que en un principio no se aprobara porque el proceso de frenarlo es más complejo, lleva más tiempo y presión del lobby político que siempre se hace”, afirmó la coordinadora de prensa Victoria Menghini en referencia a una situación ideal que no se produjo.
El fin de semana pasado las agrupaciones ambientales acompañadas por vecinos autoconvocados de Mar del Plata se manifestaron en la residencia presidencial de Chapadmalal donde Alberto Fernández pasó las celebraciones del Año Nuevo. A partir de de ese momento en otras localidades de la costa como Villa Gesell, Mar de las Pampas y Pinamar no dejaron de replicarse marchas por un “Mar Limpio”.
No son las formas
En diálogo con Telégrafo, la vocera de Greenpeace recordó que desde el inicio cuando se adjudicaron las licitaciones para la posible exploración “todo fue exactamente igual, a fin de año y sin consulta popular”. “Ahora vuelve a pasar lo mismo, después de meses que no emitieron palabra ni opinión al respecto”, apuntó.
En julio del 2021 sin demasiado aviso más que una publicación en el boletín oficial se había desarrollado la audiencia pública y tras un rechazo masivo de la población en general, los ambientalistas y científicos, el gobierno se comprometió a rever el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa noruega Equinor, ganadora del proceso licitatorio. “Sin embargo, se llamaron al silencio y no dieron más información”, explicó Menghini y señaló que incluso en las últimas semanas ni siquiera se podía ingresar al seguimiento electrónico de los expedientes porque “no había información”.
“Esto es una puñalada por la espalda”, denuncia la referente de la organización ambientalista más grande del mundo y explica que en aquella audiencia pública de mediados del año pasado participaron unas 500 personas de las cuales sólo 12 estuvieron a favor “justamente porque forman parte de la industria petrolera”.
Una contradicción para el gobierno
Según explicaron desde Greenpeace, lo grave del asunto reside en que el gobierno haya avanzado con la actividad sin una declaración de impacto ambiental, sobre todo porque una de las zonas donde se va a asentar la plataforma petrolera (el Frente del Talud) fue señalada como posible Área Marina Protegida por el mismo Ministerio de Ambiente y cientos de científicos. Ese corredor biológico, el principal del país, es la zona de alimentación de importantes especies como la ballena franca proclamada monumento natural en 1984.
“O se hace explotación de hidrocarburo o se cuida el medioambiente, las dos cosas son opuestas, sobre todo en un momento de crisis climática”, resume en pocas palabras la mujer.
La costa atlántica en la mira de un potencial derrame de petróleo. https://t.co/X0t89So8in pic.twitter.com/lo9Oq1Gc4g
— Telégrafo (@telegraficos) September 18, 2021
Tras consagrarse durante décadas a la vanguardia de la explotación de hidrocarburos y en vísperas de una crisis climática mundial, las firmas noruegas frenaron la actividad en su propio territorio para empezar a explotar energías limpias.
Sin embargo, en otros países donde sí las autorizan (como Argentina) continúan con la misma estrategia. “En Australia cuando quisieron explotar hidrocarburos les dijeron que no”, contó Menghini, coordinadora de prensa de Greenpeace.
Lo que sí hicieron, al menos desde Equinor, es lo que los ambientalistas llaman “green washing” o “lavado de cara” al inaugurar el tercer parque solar más grande del país en la provincia de San Juan.
Looking forward to continued collaboration with YPF on sustainability, safety and opportunities in the energy transition. 🇦🇷 🇳🇴 https://t.co/wbBReXr9V7
— Equinor (@Equinor) December 4, 2021
Entonces, la pregunta es sencilla: si para ellos no es ninguna novedad trabajar con energías renovables, tienen el conocimiento y la capacidad para la inversión, ¿por qué no lo hacen? “Claramente es un tema de voluntad”, se responde la ambientalista.
Por eso insiste que ahora no queda otra alternativa que salir a la calle a reclamar para que el decreto se rechace. Concluye: “Vamos a seguir trabajando con otras organizaciones, pidiéndole a la gente que se sume, que firmen y le den validez al reclamo, no nos oponemos porque sí, sabemos que hay otra opción que también es válida y hay evidencia científica que lo prueba, queremos que la inversión esté, pero que se haga bien”.
